TRANSPORTE
Bruselas ordena a España recuperar 140 millones concedidos a un centro de ensayo de alta velocidad
La Comisión Europea no ve mercado para los trenes de muy alta velocidad que se estudian en un proyecto de Adif en Andalucía
Un tren AVE a su paso por la Sagrera.
La ayuda de 140 millones de euros ya concedida por el gobierno español al administrador de infraestructuras ferroviarias(ADIF) para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no responde a un “auténtico objetivo común”, porque no contribuye al desarrollo sostenible de Andalucía, y España tendrá que recuperarla. La Comisión Europea ha urgido este martes al ejecutivo español a iniciar los trámites para recuperar este dinero tras comprobar que el proyecto no se ajusta a la normas de la UE sobre ayudas de estado.
La decisión es resultado de una investigación pormenorizada sobre los planes de financiación del centro –con un coste de 358 millones de euros- que está ubicado a 13 kilómetros de Málaga. Se trata de un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta 520km/h), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura.
El gobierno notificó en septiembre de 2013 a la Comisión Europea sus planes para su construcción pero la investigación comunitaria reveló que parte de los pagos a ADIF -140,7 millones en total- se realizaron ya desde 2011 antes de que Bruselas se pronunciará sobre este proyecto lo que significa una violación de las normas europeas. El análisis posterior ha confirmado, según Bruselas, que el proyecto “no responde a un auténtico objetivo de interés común” ni “parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar proyectos que funcionen a esas velocidades” ya que no sería comercialmente viables.
ENSAYO DE TRENES
A falta de demanda, avisa Bruselas, el uso de las instalaciones del centro se limitaría al ensayo de trenes y equipos a velocidades para las que ya existen instalaciones en la UE lo que significa una duplicación de las infraestructuras. A esto se suma el hecho de que no ha habido inversores privados que hayan mostrado interés por participar, de hecho está previsto que el centro genere pérdidas durante todo el período de funcionamiento, y los escasos efectos a corto plazo que tendría en la creación de empleo.
En este sentido, Bruselas concluye que “el coste público habría sido desproporcionadamente alto”, que España no ha conseguido demostrar “que las ventajas compensen los costes de construcción y las pérdidas de explotación” y que la financiación pública del centro crearía “un falseamiento de la competencia”, sostiene Bruselas en un comunicado en el que califica la ayuda de incompatible con las normas del mercado interior y ordena la recuperación del dinero ya concedido.