Bruselas se inclina por imponer algún tipo de multa a España

Este miércoles España conocerá finalmente la nueva senda fiscal que propone la Comisión Europea para los años 2016, 2017 y 2018 –que incluirá dos años más para rebajar el déficit público- pero, sobre todo, el gobierno en funciones que lidera Mariano Rajoy sabrá a ciencia cierta cuánto tendrá que pagar por no adoptar medidas efectivas contra el déficit el año pasado. Una multa que sigue suscitando divisiones en el seno del colegio de comisarios aunque la balanza parece decantarse porque haya algún tipo de castigo en vez de la “multa cero” a la que aspira el ministro en funciones, Luis de Guindos.

El resultado se conocerá tras la última reunión del colegio de comisarios antes del parón estival. Según el reglamento, la cifra puede alcanzar el 0,2% del PIB –entorno a 2.100 millones en el caso español- aunque puede ser reducida, incluso a cero, si las alegaciones son suficientemente convincentes. Algunos en el colegio de comisarios, como el responsable de asuntos económicos, Pierre Moscovici, piensan que las que ha presentado España lo son y que hay que dar un voto de confianza al nuevo gobierno. Otros, en cambio, como los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen son más partidarios de aplicar las reglas con cierta firmeza y evitar sentar un precedente.

Así que, lo más probable es que el presidente de la Comisión Europea,Jean-Claude Juncker, termine este miércoles de nuevo mediando. “El papel del presidente es importante. Es el primus interpares pero no recuerdo que haya habido votos en esta Comisión”, sostiene su portavoz ante la posibilidad de que el colegio termine pronunciándose en votación. En cualquier caso, la opción de la multa cero parece alejarse dado que Bruselas sí optará por dar algo de oxigeno al gobierno para sanear las cuentas y situar el déficit por debajo del 3% del PIB. “La multa y la senda fiscal son un paquete”, asegura un alto cargo comunitario.

Aunque hay quien sigue pensando que con un año adicional podría bastar, los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han venido a confirmar que la realidad de las cuentas españolas es peor de lo pronosticado y que dado que sigue sin haber gobierno –y por tanto sin capacidad para adoptar recortes- la prórroga, la cuarta dede 2009, debe ser de dos porque es lo más “realista”. Cómo se repartirá el ajuste es de momento una incógnita pero la última propuesta de mayo pasado, cuando la oferta sobre la mesa era un año extra y se confiaba en cerrar pronto un acuerdo de gobierno, abogaba por un objetivo de déficit del 3,7% para 2016 y del 2,5% en 2017.

Lo único sobre lo que no decidirá este miércoles el colegio de comisarios y quedará por tanto para septiembre es la decisión sobre la suspensión de los fondos europeos. La decisión es automática una vez que el Ecofin constata que un país no adoptó medidas para corregir el déficit. Los 28 lo hicieron el pasado 12 de julio pero la Eurocámara quiere evaluar la situación y una comisión conjunta de asuntos económicos y política regional abordará la situación tras las vacaciones lo que significa que hasta entonces no habrá propuesta de la Comisión Europea. Sobre la mesa, la suspensión de una partida de fondos que podría superar los 1.000 millones de euros.