España pasa por la férrea vigilancia de Bruselas tras librarse de la multa
La Comisión ha concedido dos años más de plazo para que el país rebaje su desequilibrio.
El comisario europeo Pierre Moscovici y el vicepresidente para el Euro, Valdis Dombrovskis. LAURENT
david valera | madrid
El pasado 27 de julio la Comisión Europea decidía cancelar la multa a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015. Todo un alivio para las arcas españolas —la sanción podría haber llegado hasta los 2.000 millones de euros— y aparentemente un triunfo para el Gobierno, en particular para el ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, el diablo está en los detalles.
Tanto el perdón como la prórroga en la senda de consolidación fiscal no son gratuitos, sino que llevan aparejados una férrea vigilancia de las cuentas públicas del país, el compromiso de realizar importantes ajustes presupuestarios y el riesgo de perder parte de los fondos estructurales. Es decir, España será escrutada bajo la exigente lupa de los funcionarios comunitarios. No serán ya los famosos ‘hombres de negro’ de la Troika, pero el control será también exhaustivo y el margen de maniobra del nuevo Ejecutivo, sea del color político que sea, muy estrecho.
El déficit sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de la economía española. La Comisión ha concedido dos años más de plazo para que el país rebaje su desequilibrio entre ingresos y gastos por debajo del 3% en términos equivalentes del Producto Interior Bruto (PIB). Una flexibilización obligada por la inestabilidad política que vive el país y que ha mermado la capacidad para disminuir el déficit este año. Por tanto, la prórroga responde al pragmatismo que existe en Bruselas por querer evitar una situación similar el próximo ejercicio.
AL LÍMITE
Sin embargo, las instituciones europeas —y algunos Estados— no se fían de los compromisos del Gobierno. Por eso quieren medidas concretas de manera inmediata en los próximos Presupuestos del Estado.
De hecho, España tendrá que enviar antes del 15 de octubre un borrador de las cuentas públicas del próximo ejercicio que incluya ajustes para respetar el nuevo déficit. Ese tijeretazo podría llegar a los 15.000 millones en el peor de los escenarios, es decir, si en 2016 el déficit queda en el 4,6% y hay que rebajarlo al 3,1%.
En Bruselas, preocupados por los desvíos de las comunidades autónomas, van más allá y recomiendan a España que adopte medidas para reforzar los mecanismos preventivos de la Ley de Estabilidad —como la presentación de los Planes Económico-Financieros— y evitar así nuevos desfases, aunque hasta ahora no se han producido.
En esta línea, también propuso priorizar la regla de gasto que limita el incremento de los recursos presupuestarios globales. Es decir, evitar que los distintos gobiernos central, regional o local gasten más aunque hayan mejorado ingresos.