El compromiso parte de cumplir las exigencias para evitar sanciones

«Tenemos que cumplir los compromisos con nuestros socios», repite Mariano Rajoy como mantra. El presidente del Gobierno en funciones sabe lo mucho que se juega en esa primera evaluación y se ha marcado como prioridad presentar un documento en el plazo fijado. En caso de no hacerlo, algo no descartable teniendo en cuenta las dificultades para lograr la investidura, las consecuencias irían más allá de la pérdida de imagen y credibilidad pues tendría costes económicos, al iniciarse de nuevo el mecanismo sancionador. Pero esta vez la multa podría ascender al 0,5% del PIB, es decir, superar los 5.000 millones.

En caso de que se prorrogaran los Presupuestos, el Ejecutivo podría aprobar acuerdos de no disponibilidad del gasto para contentar a Bruselas, como ha hecho este año (2.000 millones el Estado y unos 1.500 millones las autonomías). Sin embargo, esta medida de urgencia podría ser considerada solo un parche por el Ejecutivo comunitario.

El ajuste presupuestario, no obstante, es sólo el primer examen. La nueva vigilancia implica que a partir del próximo 15 de enero España deberá presentar a la Comisión un informe trimestral en el que detalle la evolución de la senda fiscal. Un documento que servirá a las instituciones europeas para evaluar si el país toma las medidas necesarias para no desviarse de los objetivos.

Además, España deberá superar todos esos controles para poder acceder a los fondos estructurales comunitarios. De momento, Bruselas ya ha advertido que en septiembre propondrá su congelación (podrían ser unos 1.000 millones) como consecuencia del desfase del déficit de 2015. En realidad se trata de una forma de presionar para que el Gobierno tome medidas de cara al próximo ejercicio. Si es así, los recursos se desbloquearían. Pero la lupa europea seguirá observando en 2018.