Una cuantiosa multa podría ser la solución al escándalo de Volkswagen en EE UU
r. c. | madrid
El escándalo del trucaje de los motores diésel de Volkswagen para modificar el nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) podría resolverse en EE UU con una multa «significativa» para el fabricante alemán.
Al menos eso es lo que negocia el Departamento de Justicia del país norteamericano con la multinacional germana. En concreto, la Fiscalía estadounidense y Volkswagen buscarían un acuerdo extrajudicial sobre sanciones financieras que debería estar cerrado antes de final del año.
De esta forma, el gigante de la automoción se declararía culpable y pagaría una cuantiosa multa a cambio de que las autoridades renuncien a seguir en los tribunales a pesar de encontrar evidencias penales por el escándalo que afectó a 9 millones de vehículos en el mundo.
En cualquier caso, las secciones de fraude y de delitos contra el medio ambiente del Departamento de Justicia todavía no ha decidido qué cargos presentarán contra la compañía.
Si finalmente optan por el pacto extrajudicial, Volkswagen seguiría los pasos de otras competidoras. Así, Toyota hizo frente a una multa de 1.200 millones de dólares, la mayor sanción a un fabricante por ocultar un fallo. También General Motors abonó 900 millones por un defecto en el sistema de ignición.
De todas formas, la multinacional alemana ya alcanzó un acuerdo con las autoridades medioambientales federales y del estado de California para indemnizar con hasta 5.000 dólares por cada vehículo afectado. Además, reparará los coches modificados o los comprará a sus dueños. En total, la empresa se comprometió a destinar unos 15.000 millones de dólares para cumplir el acuerdo. Una solución bastante beneficiosa para los damnificados que, sin embargo, no será extensible a los países europeos.
En el caso de España, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abrió el pasado mes el procedimiento contra el fabricante alemán, al que imputa, en calidad de investigado, un posible delito de fraude colectivo y otro contra el medio ambiente. El magistrado sostiene que el trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa ambiental.