El mazo del Tribunal de la UE aprieta a España

La Unión Europea se ha convertido en los últimos tiempos en el saco de boxeo en el que descargar una frustración y un descontento generalizado. Pero lo cierto es que los tirones de orejas y las llamadas al orden ante los desmanes de muchos gobiernos vienen cada vez más directamente desde Europa, y España es un claro ejemplo. En lo últimos años, el Gobierno español ha visto cómo el Tribunal de Justicia de la UE ha puesto en cuestión y ha obligado a remendar la ley hipotecaria en media docena de ocasiones, ha tumbado el céntimo sanitario, el canon digital diseñado por el PP y ha reprobado hasta el sistema de temporalidad del mercado laboral.

Y en un país como España, con la segunda tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea (19,6%) solo superada por Grecia, esto último supone un golpe directo a unos dirigentes que siguen sin garantizar el derecho al trabajo del que habla la Constitución. Es cierto que la tasa de paro ha mejorado y que el desempleo ha caído por debajo del 20% -en la Eurozona es del 10,1% y en el conjunto de la UE, del 8,6%, según el dato de julio- pero a costa de un empleo de muy baja calidad, excesivamente segmentado y con una enorme dependencia de los contratos temporales.

Algo a lo que ninguna reforma laboral ha conseguido hincarle el diente desde que estallara la gran crisis del 2008. Ni la de expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010 ni la de Mariano Rajoy en el 2012, que no han impedido la destrucción de millones de puestos de trabajo, pero sí, según los más críticos, han llevado a abaratar el despido e incentivado la contratación en forma de empleo precario. Según la EPA, el 25% del empleo existente en España es temporal y este porcentaje supera el 90% si se miran los nuevos contratos firmados cada mes. 

DERECHOS LABORALES VÍA EUROPA

Por eso, no deja de ser llamativo que, una vez más, haya tenido que ser la Corte europea la que haya venido a defender los derechos de los consumidores y los trabajadores y sea la que saque los colores al Gobierno por abusar de las contrataciones temporales. Es un mensaje que la Comisión Europea lleva repitiendo incansablemente desde hace años en cada informe de recomendaciones que publica, pero el aviso esta vez va en serio. En respuesta a varias preguntas prejudiciales remitidas por los jueces españoles, el Tribunal dictaminaba hace unos días que España infringe las normas laborales europeas. 

Para empezar porque permite encadenar contratos temporales para atender necesidades en el sistema sanitario que en realidad son permanentes y, en segundo lugar, porque los empleados interinos y temporales deberían tener derecho a una indemnización por despido equiparable a la que tienen los trabajadores indefinidos ya que, según la legislación europea, no pueden ser objeto de discriminación.

LA LEY HIPOTECARIA, EN EVIDENCIA

Pero sí hay un ámbito en el que los jueces de Luxemburgo han desenmascarado años de abusos y atropellos, y obligado al Gobierno a remendar la situación, esa es la legislación hipotecaria que durante los años del crédito fácil hizo estragos. El gran varapalo, el caso que permitió asestarle el gran golpe, llegó en marzo del 2013 de la mano de un abogado de Martorell, Dionisio Moreno, y un juez de lo mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, que decidió preguntar a Luxemburgo por el caso de Mohamed Aziz. Como tantos y tantos afectados, este marroquí residente en Cataluña dejó un buen día de pagar las cuotas y el banco decidió ejecutar la hipoteca. 

El gran varapalo a la ley hipotecaria fue promovido por un juez de Barcelona en el 2013

La justicia europea terminó sentenciando que el proceso de desahucio previsto en la ley española era ilegal y abusivo porque vulneraba el derecho europeo de protección del consumidor e impedía al afectado defenderse ante cláusulas abusivas. Fue el primer aviso y el pistoletazo de salida a una vía que puede deparar todavía sorpresas. En julio de 2014, el Tribunal arremetía contra la ley de enjuiciamiento civil decía por solo permitir el recurso a las entidades bancarias y no a los particulares. 

En enero de 2015 volvían a subirse al estrado para aclarar que los jueces sí pueden anular las cláusulas de interés de demora si son abusivas y nueve meses después para sentenciar contra el límite de un mes a partir de la publicación en el BOE, y no comunicarse individualmente, de la revisión de las cláusulas abusivas. Aunque todo apunta a que el último gran caso, el de la retroactividad en la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, puede caer del lado de la banca, todos estos ejemplos sugieren que el Tribunal europeo se ha convertido hasta ahora en el gran aliado de los desahuciados. 

LARGA LISTA DE VARAPALOS

La justicia europea no se ha limitado, sin embargo, a corregir la política laboral o la legislación hipotecaria. El listado de varapalos contra el Gobierno es largo y variado. Desde el sistema de canon que puso en marcha el ejecutivo de Rajoy cuando llegó al Gobierno para sustituir al anterior canon digital hasta el impuesto de sucesiones declarado ilegal hace dos años, el llamado céntimo sanitario, el recargo de un céntimo por litro de gasolina vendida para financiar la sanidad, la ley contra el blanqueo de capitales, que la corte consideró en marzo de este año contraria al derecho comunitario, y hasta la aplicación de la directiva que regula el vertido de residuos. La corte fallaba en febrero de este año por la mala gestión de una veintena de vertederos de inertes.

“El trasfondo de todo esto es que ya no se legisla solo en Bruselas y los gobiernos trasponen a legislación interna, sino que hay un efecto Luxemburgo y un Tribunal de Justicia que está cogiendo espacio. El tener un poder judicial que funciona y vigila bien es positivo”, resume Julen Fernández, delegado del consejo general de la abogacía española en Bruselas. A los consumidores españoles, hasta el momento, les ha salido a cuenta que el gran hemano de los jueces defienda sus intereses.