Báñez estudia una tarifa plana para autónomos que no lleguen al SMI

AMPARO ESTRADA | MADRID

La Seguridad Social cerrará este año con un déficit cercano a los 18.000 millones de euros. Una parte de ese desfase entre ingresos y gastos se produce en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, donde el agujero ascendió el año pasado a 5.793 millones, cuatro veces más que el que había en 2009 según datos de la Seguridad Social. También el régimen general tiene un desfase, aunque solo desde 2012.

Los trabajadores autónomos pueden elegir su base de cotización aunque casi nueve de cada 10 (el 86%) elige el mínimo, lo que supone pagar 268 euros al mes. No obstante, el presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, niega que la causa del déficit del Reta sea que estos profesionales elijan en su mayoría cotizar por la base mínima pues la pensión que reciben está correlacionada con lo que aportan.

«Hasta 2007 el Reta no tenía déficit y se cotizaba igual por la base mínima», señala. En 2008 se incorporaron los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. Esto significó la integración de 780.000 pensionistas más pero sólo 245.000 activos más, según explica Amor.

De esta manera el número de cotizantes en el Reta aumentó un 7,7% mientras que el de pensionistas creció un 76%, es decir, 10 veces más. La ratio de cotizantes por pensionista bajó de golpe de 3,1 a 1,9. La merma de los primeros respecto a los segundos es un problema del sistema en su conjunto, al que se busca dar respuesta de forma global. Sin embargo, el régimen de los autónomos será reformado de forma específica.

El sistema de pensiones español es de reparto, aunque basado en la contribución realizada a lo largo de los últimos años de vida laboral (17 ahora, que se irán ampliando a 25). Esto es, si cotizas menos también cobras menos. Las bases medias de cotización de los autónomos son un 40% inferiores a las de los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general. Por eso, la pensión media de un autónomo —que se sitúa en 631 euros mensuales— es un 37% inferior a la del régimen general y un 30% menor que la media total. Además, el 40% de los autónomos no llega a la pensión mínima con sus cotizaciones y es beneficiario de los complementos a mínimos. Debido a todas estas razones, el régimen de autónomos en la Seguridad Social es uno de los elementos que el Pacto de Toledo tendrá que revisar.

Por ahora el Partido Popular se ha comprometido a crear una subcomisión parlamentaria para debatir su reforma, especialmente en lo que se refiere a los autónomos cuyos ingresos reales no superan el umbral del salario mínimo.

En el pacto de investidura con Ciudadanos, entre las 150 medidas acordadas se incluye que en ese caso «no tengan la obligación de cotizar», así como «mejorar la capacidad de elección de las cotizaciones de todos los autónomos y establecer fórmulas específicas para el trabajador autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica».

Una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno será la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para que quienes inicien un negocio paguen esa cantidad al mes durante el primer año en lugar de únicamente los seis meses actuales. También acordada con Ciudadanos, el Ejecutivo tiene intención de implantarla en el plazo de un mes. Esta tarifa plana de 50 euros podría aplicarse, dentro de la reforma del sistema, también para los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el salario mínimo interprofesional y tendría una duración determinada de entre 24 y 30 meses, según fuentes cercanas a la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

El objetivo de extender la tarifa plana es conseguir que todas las actividades estén dadas de alta en la Seguridad Social. En la actualidad, existen al menos 500.000 de ellas que no cotizan a la Seguridad Social. Se trata de economía sumergida pero también de supervivencia, donde los ingresos normales no alcanzan para pagar 268 euros al mes.

Aflorar medio millón de cotizantes con una tarifa plana de 50 euros al mes proporcionaría a la Seguridad Social unos ingresos anuales de 300 millones de euros más al año.