El titular de Energía se enfrenta al reto de la financiación del bono social
colpisa | madrid
La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo hace dos semanas no supone el fin del bono social eléctrico, del que se benefician en la actualidad 2,4 millones de usuarios, aunque sí de su forma actual de sufragarlo. El descuento del 25% en la factura de la luz para determinados colectivos considerados vulnerables seguirá, de momento, en vigor, pero su coste puede acabar recayendo en el resto de consumidores. El alto tribunal ha dado la razón a las reclamaciones de Endesa y EON España y obliga a anular la normativa que regula este bono desde 2014, y que determinaba que eran las propias eléctricas las que tenían que asumir su coste.
La sentencia obliga, además, al Gobierno a reintegrar a las eléctricas las cantidades que han dejado de cobrar a los beneficiarios del bono social durante 2014 (182 millones de euros), 2015 (188 millones) y lo que va de 2016 (unos 150 millones), que más los intereses correspondientes rondan los 530 millones. Un dinero que se repartirán casi en su totalidad las cinco grandes compañías que lo costean.
El problema que se plantea ahora es de dónde va a salir ese dinero y cómo se financiará en adelante el bono social. Esta será muy probablemente la primera ‘patata caliente’ para el titular del nuevo Ministerio de Energía, Álvaro Nadal. Tiene pocas opciones y ninguna es buena. Si decide que dicha cantidad se reparta por igual entre los recibos de las 26 millones de conexiones restantes, éstos verán incrementada su factura mensual en 1,7 euros durante un año. No sería la primera vez que el Gobierno optara por esta impopular solución.
En febrero de 2012, tras una denuncia en aquella ocasión de Iberdrola, el Supremo ya falló en contra del anterior sistema de sufragar el bono social, que recaía exclusivamente en las empresas de generación eléctrica. La sentencia tuvo un coste para las arcas del Estado de 275 millones de euros.