Un ambicioso paquete espera recaudar 4.800 M€ vía impuestos

david valera | madrid

El Gobierno aprobó este viernes un ambicioso paquete de medidas fiscales y de lucha contra el fraude para mejorar los ingresos y cumplir con el déficit del 3,1% que exige Bruselas en 2017. Una tarea nada fácil que implicará un ajuste de 7.000 millones y que en su mayor parte se obtendrá mediante una subida de impuestos. El grueso de los nuevos recursos tributarios provendrán de la eliminación de deducciones en Sociedades (4.650 millones) mientras que los incrementos del gravamen del alcohol y el tabaco aportarán 150 millones. Asimismo, la nueva tasa a las bebidas carbonatadas supondrá otros 200 millones. En total, 5.000 millones vía impuestos. Los otros 2.000 millones provendrán de iniciativas para el afloramiento de la economía sumergida.

«Necesitamos más recursos tributarios para 2017». Con esa afirmación el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justificó el repertorio de iniciativas fiscales. El mayor cambio impositivo lo sufrirá Sociedades mediante la eliminación de importantes deducciones. Así, se limita al 25% la compensación de bases imponibles negativas de años anteriores para compañías con una facturación superior a 60 millones. Aquellas con un volumen de negocio de entre 20 y 60 millones podrán compensar hasta el 50%. También se establecerá un nuevo límite en la aplicación de deducciones para evitar la doble imposición internacional. Asimismo, se aprueba la no deducibilidad de las pérdidas por la transmisión de fondos propios de entidades residentes y extranjeras.

«Le pedimos un esfuerzo a los agentes económicos que tienen más margen como son las grandes empresas», explicó Montoro. Con estos cambios Hacienda pretende acercar el tipo nominal (25%) al efectivo. Y es que las multinacionales apenas tributaron un 7,3% de sus beneficios en 2014 (último dato disponible). La previsión de Hacienda es que los ingresos de Sociedades alcancen ahora los 26.000 millones. Una cifra todavía muy lejos de los 44.000 millones registrados en 2007.

Además, el Consejo de Ministros elevó un 5% el gravamen al alcohol, pero sólo a las bebidas de alta graduación. De esta forma Hacienda excluye elevar los impuestos al vino y a la cerveza, dos sectores estratégicos para España por su importante peso en el sistema productivo (4% del PIB). También se aprobó un alza en el impuesto al tabaco, aunque el ministro de Hacienda alegó que se debe al cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de octubre de 2015 que declaró contrario a la libre competencia un aspecto de este tributo. En concreto, la tasa a los cigarrillos se eleva un 2,5% y la picadura de liar un 6,8%.

Las subidas en los Impuestos Especiales y a las grandes empresas se tramitan mediante un decreto, por lo que su entrada en vigor será inmediata en cuanto se publique en el BOE. Por su parte, la nueva tasa a las bebidas carbonatadas se registra mediante un proyecto de ley, por lo que su aplicación se retrasará más tiempo. En esta línea, la consejera de Agricultura de Castilla y león, Milagros Marcos, precisó ayer que, a su juicio, «la vía impositiva no es la solución para evitar el abuso de algunos productos».

La otra pata de ese plan para obtener esos 7.000 millones tiene que ver con el control y lucha contra el fraude. En este sentido, el Gobierno limita los pagos en efectivo a 1.000 euros. Esto supone reducir en más de la mitad los 2.500 euros actuales que habían sido fijados en la anterior legislatura. Asimismo, otra de las medidas tiene que ver con la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), una aplicación informática para controlar en tiempo real la facturación de las grandes empresas y con ello el IVA. Este sistema, que estará operativo en la segunda mitad de 2017, afectará a unos 60.000 contribuyentes.