Bruselas acota las prestaciones sociales de los europeos en la UE

Reino Unido no es el único estado miembro con una percepción negativa derivada de la llegada de inmigrantes y trabajadores de otros Estados miembros. La preocupación existe en otros países de la Unión Europea y la Comisión quiere atajarla, y de paso prevenir que el mensaje populista cale en la opinión pública, limitando y acotando el acceso a las prestaciones sociales. Su última propuesta da una nueva vuelta de tuerca a la coordinación de los sistemas de seguridad social con tres objetivos: proteger la libre circulación, los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, evitar abusos del llamado sistema de bienestar.

“La libertad de movimiento es el derecho más preciado pero no sería posible sin la coordinación de la seguridad social”, justifica la comisaria de empleo y asuntos sociales, Marianne Thyssen. Su propuesta pretende actualizar las normas en cuatro ámbitos. En primer lugar, en relación a las prestaciones por desempleo Bruselas propone dos medidas. Para empezar, que los solicitantes de empleo puedan exportar sus prestaciones de desempleo durante un período mínimo de seis meses en lugar de los tres actuales, aunque los gobiernos podrán exigir a los trabajadores un mínimo de tres meses cotizados para poder solicitar prestaciones por desempleo en ese nuevo país.

“Si caen antes en el desempleo tendrán que acogerse a la seguridad social de su estado de origen”, ha precisado Thyssen. La segunda, que en el caso de los trabajadores transfronterizos –aquellos que viven en un país pero trabajan en otro y regresan a casa una vez por semana como mínimo-, el Estado miembro en el que hayan trabajado durante los últimos doce meses se haga cargo de sus prestaciones por desempleo de forma que sea el país donde cotiza quien pague sus beneficios. “Es un arreglo justo”, justifica Bruselas

Tal y como ya sentenciara hace dos años el Tribunal de Justicia de la UE, el nuevo plan también clarifica que los gobiernos podrán bloquear el acceso a prestaciones sociales a los trabajadores económicamente inactivos –parados o estudiantes por ejemplo- de otros Estados miembros. Es decir, que si no cotizan no tendrán derecho a beneficiarse del sistema. La propuesta también aclara las prestaciones asistenciales de duración indeterminada y cuando podrán reclamarlas los trabajadores desplazados. Así como disposiciones administrativas para mejorar la coordinación de las distintas seguridades sociales –y sobre todo evitar abusos y prácticas desleales- de forma que los gobiernos puedan comprobar con mayor facilidad el estatuto de los trabajadores desplazados en materia de seguridad social.

BENEFICIOS POR HIJO

Lo que no cambia el nuevo plan de Bruselas es la exportación de los beneficios por hijo. Se trata de uno de los elementos que la Unión Europea incluyó a principios de año en su oferta a Londres para que el ex primer ministro británico, David Cameron, hiciera campaña por el sí. Según Bruselas aquella oferta ya no está sobre la mesa y no es necesario indexar las prestaciones por hijos a cargo porque menos del 1% se exportan de un Estado miembro a otro. Es decir, el país en el que trabajan los padres seguirá siendo responsable del pago de dichas prestaciones y su importe no podrá ajustar al país de residencia del niño.

“La solución que se brindó a los británicos en febrero fue un acuerdo para convencerles de que el referéndum saliera bien, no mal. Se negoció, dimos mucho, se nos dijo que estos sería útil. Cedimos mucho pero los británicos quieren salir. No tenemos un ápice de obligación”, ha rechazado Thyssen subrayando que la medida no servirá para ahorrar y sí para generar más burocracia.