El fin de los cortes de la luz se demorará hasta tres meses

El Gobierno y el PSOE, con la incorporación a última hora de Ciudadanos, han cerrado por fin un acuerdo para prohibir los cortes de la luz en toda España a los hogares "extremadamente vulnerables". Sin embargo, la entrada en vigor de la medida podría retrasarse hasta tres meses, con lo que no sería de aplicación durante el invierno que hoy empieza. Durante ese periodo, solo estarán protegidos los consumidores de las comunidades donde hay leyes específicas de pobreza energética, pero estas han revelado que no son suficientes, como en el reciente caso de la anciana de Reus que murió por un incendio provocado por una vela dos meses después de que le suprimiesen el suministro.

Los partidos han aprobado cambiar el artículo 52 de la ley del sector eléctrico, que establece los "suministros esenciales" que no se pueden cortar, como el alumbrado público, las cárceles o los hospitales. Se trata de añadir otro punto para que los hogares en situación de pobreza energética extrema identificados por los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos también se vean beneficiados de esa protección. En caso de impago, las eléctricas avisarán al consumidor y se abrirá un periodo de dos meses para que regularice su situación. Es ese plazo, las compañías tendrán que ponerse en contacto con los servicios sociales para saber si el usuario está protegido por su extrema vulnerabilidad. En caso afirmativo, no se le podrá cortar la luz.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha explicado que la iniciativa será incluida en un real decreto que el Consejo de Ministrosaprobará este viernes o el siguiente. Sin embargo, a partir de entonces se abrirá un plazo que los partidos han fijado en tres meses para redactar el desarrollo reglamentario de la norma, que es donde se incluyen los aspectos más concretos como la definición de qué se considera consumidor muy vulnerable y del procedimiento para evitar los cortes. Hasta que no esté elaborado, los cortes de la luz no quedarán prohibidos. El ministro ha argumentado que no es posible hacerlo más rápido porque debe recibir los informes delConsejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y negociarlo con la Comisión Europeay también con las comunidades autónomas y losayuntamientos, que tienen las competencias de protección social.

GAS EN ESPERA

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha defendido que el acuerdo es un "primer paso" para acabar con la pobreza energética y ha añadido que su partido está trabajando para que también se prohiban los cortes de suministro de gas, una postura que ha compartido Melisa Rodríguez, de Ciudadanos. Pero Nadal ha enfriado sus planes: "No corramos antes de hablar". El ministro, así, ha dejado la puerta abierta a hablar sobre el tema, pero ha matizado que es preciso hacer las cosas bien y que para ello es necesario tiempo.

Nadal, por otra parte, ha destacado que el Gobierno llevará el acuerdo a la conferencia entre el presidente Rajoy y los presidentes autonómicos del próximo 17 de enero para tratar de pactar el reglamento de la ley. Un encuentro al que han afirmado que no acudirán los máximos dirigentes de los Ejecutivos catalán y vasco. "Es responsabilidad de esos Gobiernos autonómicos acudir o no", ha advertido el ministro después de resaltar que sus comunidades "tienen representación política en la Cámara".

BONO SOCIAL

El ministro, que en las últimas semanas se había mostrado partidario a pactar algún tipo de medida, ha aceptado la iniciativa del PSOE. A cambio, los socialistas van a apoyar el proyecto del Ejecutivo de que el bono social (descuento del 25% del recibo para ciertos colectivos vulnerables) lo paguen todas las comercializadoras, pero no otras compañías como la semipública Red Eléctrica. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo había anulado el sistema actual por el cual lo financiaban solo parte de las empresas.

Los partidos también han pactado que  las eléctricas cofinancien a través del bono social el coste de evitar los cortes de la luz, unos pagos a las empresas que ahora asumen en solitario los servicios sociales y que ahora se verán duplicados. Paralelamente, van a ligar ese bono social al nivel de ingresos de los beneficiarios, ya que el sistema actual (benefia a hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima, y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios: 2,42 millones de hogares y unas 7 millones de personas) incluye a perceptores que realmente no lo necesitan. Este cambio liberará recursos que se podrán destinar a costear el evitar los cortes. Además, van a desarrollar un índice de comparación de ofertas de electricidad, similar al TAE de los productos financieros.