Diario de León

PP y PSOE ultiman la ley para evitar cortes de luz a las familias vulnerables

Es la primera norma de ámbito nacional que impide que existan hogares sin suministro.

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j.m. camarero | madrid

Ocho años después de que comenzara la crisis, los hogares con menores recursos podrán contar con suministro eléctrico aunque su situación financiera no les permita pagarlo. Así lo han negociado Gobierno y PSOE en el marco de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, que presentó el ministro de Energía, Alvaro Nadal. El texto incluirá la prohibición de cortar la luz «por ley» a las familias que se consideren «muy vulnerables».

Se trata de la primera norma de ámbito nacional que impedirá que existan hogares sin suministro por causas económicas. Pero aún quedan muchos flecos por definir, al tratarse de una ley que afecta a varias administraciones. Lo más probable es que la propuesta se habilite a través del bono social. La reformulación de esta ayuda, que se está negociando con los partidos, integrará el coste de paralizar los cortes por las facturas impagadas entre los ciudadanos con mayores dificultades. El bono social asumirá esta función junto a la financiación del descuento del 25% del que ya se benefician 2,4 millones de usuarios por pertenecer a determinados colectivos. Al final, serán todas las comercializadoras, y no sólo los grandes grupos las que asuman el impacto de ayudar a esos usuarios a los que se considera realmente desfavorecidos. Junto a ellos convivirán otros consumidores, también afectados por la pobreza energética, pero sin derecho a tener luz gratuita, aunque sí seguirán contando con el apoyo de una nueva modalidad de bono social.

El principal escollo que plantea la ley supondrá determinar quién puede formar parte de ese grupo de usuarios en situación extrema. Tendrán que ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que acoten los beneficiarios de esta medida, siguiendo los criterios de sus servicios sociales. Aunque la modificación de la norma se apruebe mediante un decreto en el consejo de ministros de este viernes o en el próximo, será en el desarrollo legal posterior cuando se determine tanto las familias afectadas como el sistema por el que se les identificará para evitar casos como el del fallecimiento de la anciana de Reus (Tarragona).

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