La Ceoe plantea llevar al Constitucional la subida en el Impuesto de Sociedades
La patronal cree que la medida no era urgente y atenta contra la «seguridad jurídica».
d. valera | madrid
La Ceoe aumenta la presión contra el Gobierno por la subida en el Impuesto de Sociedades aprobada el pasado 2 de diciembre con la que Hacienda espera ingresar 4.650 millones más. La patronal se está planteando llevar el decreto ley al Tribunal Constitucional por considerar que algunas de las medidas incluidas tienen un carácter retroactivo que atenta contra lo estipulado en la Carta Magna. Hasta ahora, la patronal había mostrado su enfado por estas modificaciones y había advertido del impacto en la credibilidad de España de cara a la inversión extranjera. Sin embargo, la organización que dirige Juan Rosell estudia ir más allá de las palabras y llegar hasta los tribunales. Una decisión que no es baladí, puesto que supondría enfrentarse al Ejecutivo en una medida que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera clave para cumplir el objetivo de déficit de 3,1% pactado con Bruselas en 2017.
«La aplicación retroactiva de las medidas al ejercicio 2016 resulta incompatible con la seguridad jurídica», argumenta la Ceoe en un informe publicado este miércoles sobre el impacto del decreto en Sociedades y su «encaje constitucional». El documento critica que los cambios legales introducidos que afectan a los resultados de 2016 se produjeran «a menos de un mes de la finalización del ejercicio».
Es lo que Rosell calificó hace unos días como cambiar las reglas del partido «a última hora y mal». En este sentido, las medidas que mayor enfado han desatado en la patronal tienen que ver con la eliminación o reducción de deducciones cuyos efectos se aplican desde el mismo 3 de diciembre que el decreto se publicó en el BOE. Entre ellas está la limitación de la compensación de las bases negativas, que se restringe al 25% para compañías con una facturación superior a 60 millones y al 50% para aquellas con un volumen de negocio de entre 20 y 60 millones (la limitación actual es del 60%). La Ceoe asegura en el documento que el «endurecimiento» de este régimen afecta a 15.500 empresas.