La Fiscalía toma cartas por las subidas en el precio de la luz
Abre diligencias «en defensa de los consumidores», aunque deberá recurrir a Competencia.
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J. A. B. / J. M. C. | madrid
La subida incesante del coste de la luz en las apenas tres semanas que llevamos de 2017 ha encendido todas las alarmas, fundamentalmente ante la sospecha de que algo irregular, o al menos anómalo, esté ocurriendo. Y la última en apuntarse a las investigaciones oficiales ya en marcha sobre esos hechos ha sido la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público anunció este viernes que ha decidido tomar cartas en este polémico asunto aprovechando la reforma que en 2014 se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde entonces los fiscales pueden iniciar una acción de cesación, «con el fin de defender los llamados intereses difusos de consumidores y usuarios».
El argumento que usó entonces el Gobierno fue que «sin la actuación de la Fiscalía» aquellos «quedarían indefensos». No obstante, hasta ahora no se habían dado casos con tantos posibles afectados como éste —en España hay 25,8 millones de usuarios en el mercado eléctrico— limitándose esas acciones a algunos productos financieros como las preferentes, los aranceles cobrados por los notarios en las hipotecas o a posibles abusos publicitarios para inducir al engaño a los consumidores.
En la práctica, el papel de la Fiscalía en las diligencias que ha abierto su unidad adscrita a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo será más bien de supervisor, y solo impulsor en parte. Y es que sus pesquisas llegan un mes más tarde de las que ya anunció la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC). Fue el 20 de diciembre cuando su presidente, José María Marín Quemada, declaró que iban a investigar lo que calificó de aumentos «inquietantes».
Para esas fechas el precio en el mercado mayorista del megavatio/hora, la principal unidad de medida para la electricidad, se había disparado un 50% pasando de 40 a 60 euros en apenas tres semanas. «En este momento está sucediendo algo que nos preocupa», advirtió entonces Marín Quemada, quien sugirió incluso posibles sanciones a las compañías eléctricas si no había «razones justificadas» (menor entrada de renovables, problemas de viento y otras condiciones meteorológicas) tras esos incrementos.
La situación, lejos de corregirse, fue a peor con el inicio de 2017. En esta tesitura, el ministro de Energía, Alvaro Nadal, anunció el jueves pasado varias medidas para favorecer la competencia en el sector gasista, donde sitúa junto al encarecimiento del petróleo el meollo de los últimos incrementos de la factura.
Esa actuación gubernamental, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, se resume en que una sociedad ya designada (Gunvor Internacional) actuará como «creador de mercado» ante los dos operadores dominantes en este ámbito, Gas Natural Fenosa (GNF) y Endesa, que están obligados a presentar sus ofertas a esa plataforma. Con dicha figura, que existe a nivel europeo y también en otros sectores como el financiero, se persigue elevar la oferta, garantizar la liquidez de las transacciones y evitar que haya incrementos bruscos incluso en el caso de fuertes incrementos de demanda.