Las eléctricas deberán esperar cuatro meses para cortar la luz

j.m. camarero | madrid

Las familias que tengan la consideración de hogares con elevado grado de vulnerabilidad no verán restringido su suministro eléctrico al menos durante cuatro meses, aunque no hayan podido abonar la factura de la luz. Se trata del plazo en el que la comunidad autónoma o ayuntamiento deberá verificar la situación económicamente precaria por la que pasan esos ciudadanos para dar constancia a la Administración y activar las ayudas para abonar los recibos pendientes.

Ese periodo de cuatro meses constituye una de las novedades más importantes que incorporará el desarrollo reglamentario del decreto ley que este martes fue aprobado en el Congreso. Hasta ahora, ese plazo se restringía a dos meses, el tiempo en el que las compañías no podían cortar el suministro en casos de impago mientras se realizaba la comprobación oficial.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció esta novedad durante el debate parlamentario que culminó con la validación de la norma negociada después de que en noviembre falleciera una anciana en Reus (Tarragona) por el uso de velas. Al mismo tiempo, aclaró cuál será el procedimiento de actuación a seguir en el caso de los consumidores extremadamente vulnerables. Una vez que se produzca el impago, la compañía tiene la obligación de comunicárselo al usuario —«se trata de una novedad, porque a día de hoy no es así», afirmó Nadal—.

En ese momento, comienza a correr el cuatrimestre para que los servicios sociales confirmen la situación por la que pasa ese hogar. Después, la Administración «se encargará de la atención energética a ese hogar con sus propios fondos», aclaró Nadal. Este mecanismo beneficiará solamente a los usuarios que se rijan bajo la tarifa regulada. «Si no se encuentra acogido a esa modalidad, los servicios sociales también podrán pedir que no le corten la luz», indicó el ministro.

Para sufragar las ayudas que respaldarán el pago de las facturas en los hogares más débiles, Álvaro Nadal apuntó este martes que el Gobierno cofinanciará parte de ese coste a través del bono social, desde donde saldrán recursos para la gestión del problema de la pobreza energética.

El ministro también confirmó que el Gobierno recurrirá este miércoles ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo con la que se anulaba el anterior cálculo de la financiación del bono social, sufragado casi en exclusiva por las grandes compañías. Una de ellas, Gas Natural, anunció este martes que destinará 4,5 millones a desarrollar un plan de vulnerabilidad que le permitirá hacer un seguimiento integral en toda España de los posibles clientes afectados y que prevé medidas para flexibilizar el pago de los recibos. Nadal insistió en que, a pesar del fallo del alto tribunal, el sistema de ayudas ha seguido funcionando.

Durante los próximos días, el Gobierno seguirá recibiendo las propuestas de los grupos de la oposición para materializar esa norma con la que se reforma el bono social, su financiación y la nueva estructura de los consumidores eléctricos. Aparte del grupo de los extremadamente vulnerables, se establecerán otras dos categorías de consumidor.

Por una parte, seguirá vigente parte del actual sistema, del que se benefician millones de personas, y que consiste en el descuento del 25% en la parte del consumo energético, en función de sus ingresos o del colectivo social al que pertenezcan. Y habrá otra en la que se integrarán «cientos de miles» de ciudadanos, según Nadal, quienes precisarán un nivel de apoyo específico cuya gestión competería al Gobierno, en función de sus ingresos.

Aún se desconocen los niveles que determinarán la posibilidad de acceder a una u otro tipo de ayuda establecida, frente al mecanismo actual que no diferencia rentes. De los 2,4 millones de perceptores actuales del bono social, el 75% son titulares de viviendas con escasa potencia; el 13%, pensionistas; el 9%, familias numerosas; y el 3%, desempleados.