La comisión de EEUU, veloz pero inefectiva

A diferencia de lo que ha ocurrido en España, donde ha tenido que pasar una década para que se investigue los orígenes de la crisis financiera, Estados Unidos se dio prisa en crear la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC por sus siglas en inglés), un órgano cuya misión era “examinar las causas, nacionales y globales, de la crisis financiera y económica en EEUU”. La comisión fue rápida y concienzuda pero ni su trabajo ni el informe final en el que se concluyó que la crisis "se podía haber evitado" estuvieron exentos de politización. Lo que para muchos es peor es que las recomendaciones que hizo al Departamento de Justicia de abrir investigaciones y procesos contra algunos de los individuos y entidades responsables de la crisis cayeron en saco roto.

La comisión fue establecida como parte de la Ley de recuperación y lucha contra el fraude que aprobó el Congreso y Barack Obama firmó en mayo del 2009. Fue un órgano independiente compuesto por 10 miembros, todos ellos ciudadanos privados con experiencia en vivienda, economía, finanzas, regulación de mercados, banca y protecciones del consumidor. Seis fueron elegidos por los demócratas y cuatro por los republicanos, una división que se fue plasmando en el trabajo y en el informe final.

Con 9,8 millones de dólares de presupuesto y 22 tópicos específicos de investigación, sus vistas públicas arrancaron en enero del 2010. Hubo más de 700 entrevistas a protagonistas de la crisis y se revisaron millones de páginas de documentos. Para enero de 2011 publicó su informe final, más de 600 páginas donde se atribuyó responsabilidad de lo ocurrido a banqueros, reguladores, gobierno e incluso propietarios de vivienda. Solo los miembros elegidos por los demócratas respaldaron las conclusiones mientras que los de los republicanos publicaron una opinión de disenso.

El mandato de la comisión acabó en febrero de 2011. El año pasado los Archivos Nacionales publicaron parte de la documentación relacionada con su trabajo, lo que permitió saber que entre los nombres remitidos a Justicia para investigaciones figuraban entidades clave de Wall Street como Citigroup, Merril Lynch y AIG y directivos como Robert Rubin, exsecretario del Tesoro y ejecutivo de Goldman Sachs y Citigroup. La inacción de Justicia llevó el pasado septiembre a la senadora Elizabeth Warren a pedir explicaciones, algo que aplaudió Phil Angelides, el presidente de la comisión, que recordó que aunque Justicia ha obtenido más de 40.000 millones de dólares en multas no ha imputado a ningún ejecutivo por las acciones multadas.

Durante el trabajo de la comisión los demócratas acusaron a los elegidos por los republicanos en el panel de estar intentando favorecer la cruzada de los conservadores contra la Dodd-Frank, la ley de reforma financiera que se aprobó en 2010 para intentar evitar algunos de los riesgos y problemas que latieron tras la crisis. Ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca y los republicanos en control del Congreso, el desmantelamiento de la reforma es una realidad.