Un plan hará fijos al 90% de los empleados públicos temporales
Hacienda ultima un plan con los sindicatos para acometer la reforma en un plazo de tres años.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. CHEMA MOYA
D. Valera | Madrid
Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO están muy cerca de cerrar un gran acuerdo para que en tres años el 90% del empleo público temporal se convierta en indefinido a través de una excepcional oferta de plazas. De hecho, la medida puede beneficiar a cerca de 350.000 trabajadores de la administración que actualmente ocupan puestos de interinos, eventuales, estatutarios o personal del sector público empresarial.
Esto no significa que estos empleados vayan a convertirse en fijos de manera automática, sino que el Gobierno habilitará a través de los Presupuestos que aprueba este viernes la posibilidad de que se presenten a una oposición —que deberán convocar comunidades autónomas y ayuntamientos— para ganar el puesto. El plan será ratificado este miércoles por las partes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y supondrá la mayor oferta de empleo público desde el inicio de la crisis.
Algunos detalles
La medida afectará sobre todo a los sectores en los que existe un mayor índice de temporalidad. Así, podrán beneficiarse unos 130.000 trabajadores de la sanidad pública, otros 100.000 docentes y cerca de 10.000 empleados de justicia, según estimaciones de UGT, que considera que así se pondrá orden a la «caótica situación provocada por años de recortes». A estas cifras se sumarán otros grupos afectados como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación hasta alcanzar las 350.000 plazas. Fuentes sindicales explicaron que uno de los flecos de la negociación está en saber cómo se distribuirá esta oferta de empleo. Si se hará de forma proporcional en cada uno de los ejercicios o tendrá más peso en algún año concreto. Además, el acuerdo que ultiman las partes también supondrá extender la tasa de reposición del 100% a la mayoría de los ámbitos públicos (hasta ahora sólo se permitía para los servicios esenciales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanidad, educación o lucha contra el fraude). Esto significa que se podrán reponer las bajas que se produzcan por jubilación en segmentos de atención al público de la Administración General del Estado como la oficina de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, DGT o Fogasa.