Bruselas avala el decreto de la estiba pero España será multada

A. Lorente | Bruselas

El conflicto de la estiba ha sido engullido por el ‘efecto tertulia’ y ya nadie sabe si España tiene que pagar una multa, dos, ninguna, de cuánto podrían ser… O si Bruselas tiene que pagar a España por las molestias ocasionadas. Quién sabe. Más allá de la rumorología, lo que sí es cierto es que el Gobierno español deberá pagar una multa sí o sí por haber incumplido desde hace años la legislación comunitaria en relación al sector de la estiba

Ahora, por fin, hay real decreto y éste ha sido convalidado a su vez por el Congreso. La Comisión ha dado su OK pero no ha otorgado su indulto. No hay absolución. Bruselas pide en torno a 24 millones de euros pero esta cantidad depende de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE emitirá antes de final de año, en torno al verano.

Como reiteraron ayer altas fuentes comunitarias, el recurso judicial interpuesto en 2013 no va a ser retirado y este movimiento, ojo, era la única posibilidad de que España quedase completamente absuelta. La otra, obviamente, es que los jueces digan que Bruselas no lleva razón, pero este escenario es más que improbable ya que el propio TJUE dictaminó el 11 de diciembre de 2014 que el modelo español era ilegal. Es decir, que todos los españoles deberán pagar una cantidad por dilucidar que en teoría se parecerá bastante a esos 24 millones ahora planteados.

¿Por qué las dudas? Aquí la secuencia de los hechos. La Comisión abrió este expediente de infracción en noviembre de 2011 enviando una notificación formal, pero las primeras cartas alertando de que la legislación española incumplía la comunitaria se tramitaron en 2009. Sin embargo, fue en 2013 cuando Bruselas llevó a España ante el Tribunal con sede en Luxemburgo al considerar que la legislación que regía la estiba era contraria a las normas europeas, como el propio TJUE falló el 11 de diciembre del 2014. El Gobierno, con mayoría absoluta, tenía hasta febrero de 2015 para modificarla, pero no lo hizo.

Las medidas del Gobierno

El Gobierno no quiere que si finalmente los estibadores van a la huelga a partir del miércoles que viene el caos se adueñe de los puertos y se produzcan problemas graves de desabastecimiento. Por ello, y pese a las críticas sindicales, ha fijado unos servicios mínimos que garantizan, al menos a priori, que se mantendrá el 100% de las tareas de carga y descarga de buques para las mercancías que se consideren perecederas y/o peligrosas.

La misma condición de ritmo de trabajo pleno se ha impuesto para los barcos ‘mixtos’ que transportan pasajeros y mercancías, las situaciones que se estimen de emergencia y los productos que se consideren esenciales para los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla. Para el resto, asimismo, se establece que el rendimiento de los estibadores no puede bajar del 50% respecto al promedio que hayan tenido en el último año natural durante una jornada comparable.