INICIO DE LA VISTA ORAL EN MADRID
La excúpula de la CAM, a juicio en la Audiencia Nacional
Están acusados de los delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, con posibles penas de cárcel
Modesto Crespo.
Peticiones de prisión. Es a lo que se enfrenta la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en laAudiencia Nacional desde este lunes en un juicio que vuelve a poner en cuestión la gestión de una entidad financiera en España. El expresidente de la CAM Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós se enfrentan a peticiones de varios años de prisión por delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida.
La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario, de manera que el juicio comienza este lunes y tendrá una veintena de sesiones, que se celebrarán hasta el próximo 21 de julio.
La vista se iniciará con la declaración como acusados del exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
La Fiscalía les considera autores de un delito de falsedad contable y estafa y solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante 15 meses (180.000 euros) a cada uno. El Ministerio Público no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.
Acusa como cómplices de falsedad contable a Sabater y Ochoa, para los que pide un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano se le imputa un delito de estafa con una petición de 10 meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros, y para López y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.
En el caso de Sabater, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros como cooperador necesario del delito de falsedad societaria. La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a 16 años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.