Los 28 pactan multas de hasta 30.000 euros por vehículo para los fabricantes que truquen las emisiones de los coches

El escándalo de los motores diésel trucados de Volkswagen, destapado hace casi dos años, ya tiene respuesta europea. Los 28 gobiernos de la UEhan cerrado este lunes unacuerdo político parareformar el sistema de homologación de coches y endurecer la normativa con sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo para los fabricantes o importadores que infrinjan las normas. El objetivo: evitar que se repita en Europa un nuevo caso como el de Volkswagen.

“La única forma de restaurar y aumentar la confianza en la industria europea del automóvil es ayudar a desarrollar tecnologías limpias y seguras. Se establecerán controles fiables de forma que las emisiones irregulares del pasado no puedan reaparecer en el futuro”, ha asegurado el ministro maltés Chris Cardona, en nombre de la presidencia semestral de la UE, tras el compromiso adoptado por mayoría cualificada en el Consejo. “Casi dos años después del escándalo seguimos escuchando nuevas alegaciones, revelaciones e investigaciones. Es hora de dotarnos de un sistema de homologación creíble y robusto”, ha reclamado la comisaria de industria, Elzbieta Bienkowska.

La Comisión Europea presentó su propuesta en enero de 2016, apenas unos meses después de que Estados Unidos destapara unas trampas que también han salpicado a otros fabricantes. Desde entonces, además, Bruselas ha abierto ocho expedientes de infracción a otros tantos Estados miembros –Alemania, España, Italia,Grecia, Lituania, República checa, Reino Unido yLuxemburgo- por no controlar adecuadamente las inspecciones el único ámbito en el que puede imponer sanciones.

 

MÁS PODER PARA BRUSELAS

La nueva normativa dará a la Comisión Europea potestad para realizar inspecciones de vehículos, verificar el cumplimiento y reaccionar de forma inmediata a las posibles irregularidades lo que dará mayor independencia al sistema, que dejará de depender tanto de las autoridades nacionales de homologación. Según el acuerdo cerrado, en el futuro los Estados miembros estarán obligados a inspeccionar al menos a 1 de cada 50.000 vehículos nuevos registrados en el territorio el año anterior. Estos controles deberán incluir pruebas bajo condiciones de conducción real y no solo en laboratorio como hasta ahora.

El acuerdo de los 28, que todavía debe ser negociado con la Eurocámara, también incluye el compromiso de los gobiernos de cubrir financieramente las actividades de vigilancia del mercado aunque los países con menos recursos podrán solicitar a sus socios que se encarguen de realian los test de homologación en su nombre. Además, se establecerá un sistema de auditoría para el mecanismo de homologación de cada país que tendrá que ser revisado por parte de dos Estados miembros al menos una vez cada cinco años. Bruselas podrá participar en estos exámenes y hacer públicas sus conclusiones.

No todo, sin embargo, han sido alabanzas. La organización europea del consumidor (BEUC) ha alertado de que la norma se queda corta y que podría ser insuficiente para evitar un nuevo‘dieselgate’. “Los Estados miembros tenían elección: ir de cabeza a otro dieselgate o dotarse de un futuro con una reforma verdadera del sistema actual. Claramente, bajo presión de Alemania han acordado un paquete con medidas medio cocinadas” que podrían convertir a la reforma en papel mojado, ha advertido la directora general de BEUC,Monique Goyens. La organización confía ahora en que la negociación con la Eurocámara sirva para establecer un sistema más ambicioso: con fuertes multas, sin conflictos de interés con los fabricantes por los sistemas de homologación y transparente.