EL CAMBIO POLÍITICO EN LA ECONOMÍA
El relevo en la cúpula del PSOE reanima la derogación de la reforma laboral
Pedro Sánchez defiende en su programa una 'alianza' con los sindicatos para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales. El PP retrasa el debate de iniciativas de la oposición como la renta básica o el incremento del salario mínimo
La elección de Pedro Sánchez como nuevo líder del PSOE, a falta de ser ratificado en el congreso de esta formación, ha abierto en el Congreso de los Diputados una nueva etapa en la que se pueda poner fin a las leyes que han recortado los derechos de los trabajadores, los salarios y las pensiones, empezando por la derogación de la reforma laboral del 2012. En su propuesta programática Sánchez lo dice expresamente, al tiempo que compromete a "promover una alianza" con los sindicatos para desarrollar un modelo de crecimiento económico y un marco laboral basado en el dialogo, la negociación colectiva, el restablecimiento del equilibrio en las relaciones laborales y corregir la "unilateralidad" de las empresas para modificar las condiciones de trabajo.
"Quizá a la gente le cueste entender por qué no se articula otra mayoría parlamentaria", explica Toni Ferrer, veterano sindicalista de la UGT, mano derecha de Cándido Méndez desde 1995 como secretario de Acción Sindical y miembro del equipo de Sánchez en las pasadas primarias. La mayoría a la que se refiere (PSOE, Podemos, Compromís y ERC, así como otros diputados del Grupo Mixto) se ha visualizado esta semana durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado del 2017 en la comisión del Congreso. Socialistas y podemistas han elaborado una estrategia para sortear el veto que la mayoría de derechas (PP, Ciudadanos y PNV) ha puesto a casi 4.000 enmiendas de la oposición (entre ellas, las que propusieron CCOO y UGT) que suponían un vuelco en la política de austeridad y de recortes del Ejecutivo. No ha sido fácil y la pelea está ahora en el debate presupuestario en el Pleno.
"Los cambios no van a depender solo de él", continua Ferrer, "sino de una política de alianzas en la que no solo haya proclamas, sino que hay que mojarse en asuntos concretos". En concreto, el exdirigente de UGT se refiere a Podemos que ha colocado la moción de censura como prioridad de su agenda política.
MANO TENDIDA
El triunfo de Sánchez en las primarias es una "oportunidad" para consolidar un frente de izquierdas en materia social, en opinión Aina Vidal, diputada de En Comú-Podem y portavoz en las comisiones de Empleo y del Pacto de Toledo. "Quiero pensar que el PSOE va a hacer suyo el grito de la militancia”. "Nosotros tenemos la mano tendida para cuestiones de vital importancia en la recuperación de los derechos laborales", subraya.
"Los retos a los que el PSOE debe dar respuesta nos remiten a cuestiones como el agravamiento de las desigualdades, el paro, la precariedad laboral y la marginación de la juventud", señala la propuesta programática de Sánchez ante el congreso de junio.
El nuevo líder socialista carga contra las "regresiones" impuestas por la derecha neoliberal con la excusa de la crisis y reconoce que las fuerzas progresistas "no fueron capaces" de identificar a tiempo las “graves consecuencia sociales” de estas políticas. Con esta pincelada autocrítica, Sánchez salva la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero pese a que, como diputado, votó a favor de la primera reforma laboral del 2010 en la que se abarató el despido, asunto que ahora recuerda Vidal.
LOS EJES DEL CAMBIO
En su ponencia alternativa para el congreso, Sánchez asegura que los socialistas "nos proponemos acabar con la pobreza y la exclusión social", y expone un listado de temas en los que hay coincidencia con Podemos al menos en el enunciado. Aboga por un empleo y un salario "que permitan un proyecto de vida", defiende un nuevo pilar del Estado del bienestar como son los ingresos mínimos, progresar hacia una renta básica y elaborar una ley estatal que garantice estos ingresos; adaptar los nuevos modelos de trabajo y la robotización a una legislación que proteja los derechos laborales; reducir la temporalidad y recuperar la causalidad en los contratos; defender la autonomía en la negociación colectiva, suprimiendo la discrecionalidad que la reforma laboral ha dado a las empresas; fijar que el 5% de los beneficios de éstas se destinen a la participación económica de sus trabajadores; suprimir los factores de revalorización y de sostenibilidad de la reforma del pensiones del 2012 que recortan el poder adquisitivo de las actuales y de las futuras y aumentar los ingresos de la Seguridad Social mediante una política fiscal redistributiva.
"España necesita abandonar el modelo 'yo te lo hago más barato' de la reforma laboral del PP, por el ‘yo te lo hago mejor, diferente y competitivo'", señala el texto que Sánchez defenderá ante los delegados de su partido.
El bloqueo del PP retrasa el debate
Además de la reforma laboral y de la de pensiones, otras cuestiones han conseguido aglutinar una alternativa de izquierdas. Unas veces la iniciativa ha sido del PSOE y otras de Podemos, pero el voto en contra siempre ha unido al PP y a Ciudadanos. No obstante, estos grupos no tienen mayoría, por lo que las iniciativas han seguido su curso, no sin retraso. La causa estriba en el “filibusterismo parlamentario”, en palabras de la diputada Aina Vidal, que practica el Grupo Popular que consiste en retrasar la tramitación de una propuesta mediante la prórroga injustificada de sucesivos plazos de enmiendas o el retraso en reunir a la comisión, lo que en la práctica supone el bloqueo del debate.
En esta situación se encuentra, desde diciembre del 2016, la propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de forma progresiva hasta los 1.000 euros en esta legislatura.
Desde marzo está parada la derogación de la llamada ‘ley mordaza’, la ley de Seguridad Ciudadana del PP, que limita el ejercicio del derecho de huelga y manifestación, denunciada por los sindicatos UGT y CCOO, y que desde el 2014 ha llevado ante los tribunales a unos 300 sindicalistas.
Desde enero está pendiente de debate la creación de una prestación de ingresos mínimos que Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez presentaron en el Congreso tras un año recogiendo 700.000 firmas para que fuera una iniciativa legislativa popular y que el PSOE dio forma en una proposición de ley.