La plusvalía amenaza con diezmar las arcas de los ayuntamientos

d. vALERA | mADRID

El impuesto de plusvalía municipal se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza para los ayuntamientos, pero también para Hacienda. El fallo del Tribunal Constitucional, que anula la tributación para el contribuyente en los casos en que se registren pérdidas en la venta del inmueble, amenaza con diezmar las arcas de los consistorios y poner en riesgo incluso parte del superávit presupuestario que han obtenido en los últimos años.

De hecho, la sentencia deja la puerta abierta para que los afectados puedan reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente en los ejercicios no prescritos, es decir, los últimos cuatro. Y no es algo baladí. En ese periodo los municipios han recaudado por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana —el nombre oficial del gravamen— hasta 8.756 millones de euros, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) en términos de contabilidad nacional. Una cifra que, por ejemplo, supera el superávit de 7.053 millones (0,6% del PIB) registrado por las corporaciones locales en 2016.

Estimaciones

La previsión del Ejecutivo y de organismos como la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) es que el saldo positivo de los municipios sea similar este año, aunque el fallo judicial puede hacer menguar esos recursos. En cualquier caso, las cuantías susceptibles de ser reclamadas por los contribuyentes no son todas las tributadas en esos cuatro años, sino aquellas en las que el precio de venta fue inferior al de adquisición. Hasta ahora no hay una estimación de cuánto representan del total.

Pero el impacto de la sentencia no sólo es de carácter retroactivo, sino que pude afectar a los ingresos inmediatos. El impuesto de plusvalía recaudó 2.549 millones el pasado ejercicio, por lo que cualquier merma supondrá un varapalo para las arcas municipales y, por tanto, en su previsión de superávit. Un escenario que tendría repercusiones en el cumplimiento de déficit. Y es que ese saldo positivo de las corporaciones locales ha sido utilizado por el Gobierno en cursos pasados para compensar los desfases de otras administraciones como el Estado o la Seguridad Social. De ahí la importancia de quién acabará finalmente costeando las devoluciones.