La Agencia Tributaria trabaja para reducir la elevada litigiosidad

d. valera | madrid

Uno de los grandes retos que debe afrontar la Agencia Tributaria es el de reducir la deuda pendiente de cobro que en 2016 se situó en la friolera de 45.849 millones. Un importe enorme que equivale prácticamente al déficit del 4,3% del PIB con el que España acabó el pasado año. Y eso que la deuda que los contribuyentes deben a Hacienda se redujo un 7% el pasado curso. Sin embargo, todavía es el doble de la existente hace una década. ¿El motivo? La elevada litigiosidad, disparada desde el comienzo de la crisis, que provoca un gran retraso en el cobro de esas cantidades. En concreto, el año pasado había 19.760 millones de deuda en periodo voluntario, lo que incluye, por ejemplo, las deudas suspendidas por la presentación de recursos judiciales, el pasivo paralizado en procesos concursales o los aplazamientos solicitados por los contribuyentes.

Los expertos creen que si la judicialización disminuyera habría menos recursos y los cobros de las liquidaciones se agilizarían. Otra cosa son los 26.089 millones de deuda que está en periodo ejecutivo, lo que significa que se ha sobrepasado el plazo de pago voluntario. Una gran parte de esos importes no se cobrarán por insolvencias del deudor.