Los peritos judiciales, el nuevo caballo de batalla en el caso Bankia

j.a. bRAVO| Madrid

Fuentes jurídicas apuntan que el juez Fernando Andreu podría estar retrasando la apertura de juicio oral, a la espera del pronunciamiento definitivo que sus superiores jerárquicos hagan sobre la situación de los órganos supervisores. El resto parece claro: 31 ex-miembros del consejo de administración de Bankia, junto al auditor, serán juzgados por sendos delitos de falsedad en las cuentas anuales de 2010 y 2011, y también fraude a los inversores por la información «engañosa» que se incluyó en el folleto de su polémica salida a bolsa en julio de 2011. Junto a ellos estarán, como personas jurídicas, la entidad y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Es lo que resolvió el propio instructor al concluir la investigación el 11 de mayo, y mientras algún perjudicado actúe contra ellos no se salvarán del banquillo como determinan las normas del procedimiento abreviado. Esa es la pretensión ya formulada por la gran mayoría de las 44 acusaciones del caso, muchas particulares y algunas populares.

Solo la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía y accionista principal de Bankia (controla el 65% de sus títulos), han limitado el alcance de las responsabilidades penales por el fiasco de su salida al mercado. Piden que se abra juicio solo contra Rodrigo Rato, presidente del banco en aquella época, y los cuatro consejeros con poder ejecutivo que aprobaron sus estados financieros de aquel año (2011).

Son José Luis Olivas, exvicepresidente de BFA y Bankia, y antes máximo responsable de Bancaja y Banco de Valencia; José Manuel Fernández Norniella, exconsejero ejecutivo del banco; y Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia. Para ellos piden sendas penas de cuatro, tres y dos años