La UE defiende la operación del Popular pero no publicará el informe que llevó a su resolución

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke Köning, no retrocede ni un milímetro. Ante la comisión de asuntos económicos de la Eurocámara ha insistido en que la operación que llevó el 7 de junio ala resolución del Banco Popular “fue un caso de manual”, que ha demostrado la efectividad de la unión bancaria, y que han cumplido exactamente con las reglas. “No ha habido contagio en los mercados, los depositantes y contribuyentes quedaron protegidos y no hay preocupación por la estabilidad financiera”, se ha defendido.

El debate ha sido tenso, en algunos momentos hasta bronco, y ha girado principalmente entorno a la liquidación del que fuera sexto banco español. “Sigue teniendo algunas zonas oscuras. Vimos una primera fase en la que la junta de resolución mostró una elevada locuacidad, diría que irresponsable, y otra de mutismo”, ha arremetido el socialista Jonás Fernández calificando las declaraciones de Köning a Bloomberg TV del 23 de mayo, en las que admitió estar examinando al Santander, de “imprudentes”.

Según algunos de los inversores afectados, al día siguiente de esas afirmaciones las acciones de la entidad cayeron un 3,6% y otro 18% adicional después de que la agencia Reuters publicara, citando a fuentes europeas, que Köning había emitido una alerta sobre el deterioro del Popular. Es decir, que esas palabras habrían provocado la fuga de capital de la entidad que se quedó sin liquidez el 6 de junio desencadenando el proceso de resolución. “La actuación de la junta precipitó la crisis de liquidez”, ha advertido también la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López.

FILTRACIONES Y FUGA DE CAPITALES

“Deberán plantearse quien contó esa historia pero no fui yo”, se ha defendido la alemana. “En un momento tuvimos que pasar a la acción y declarar la posible quiebra del banco” pero “yo no he hablado con nadie. La Junta se toma la confidencialidad de los datos de los bancos muy seriamente”, ha asegurado poniendo tierra de por medio ante quienes acusan a la entidad de ser el causante del rápido deterioro de la posición financiera del banco.

Pese a los reiterados llamamientos, Köning se ha negado de nuevo a publicar el informe de evaluación provisional elaborado por Deloitte, y que sirvió de base para determinar el valor de la entidad vendida al Santander por un euro. La consultora tuvo en cuenta varios escenarios a la hora de determinar las necesidades de capital. En el más adverso de todos llegó a tasar la entidad en -8.200 millones de euros. Este martes ha rechazado confirmar estas cifra ni admitir si en el escenario positivo la tasación fue de 1.500 millones. “Hay dos informes. Uno sobre la situación contable del banco y una segunda valoración independiente hecha por una asesoría contable”, ha explicado sobre un documento del que solo ha presentado una versión no confidencial. “Por el momento no vamos a publicar el informe Deloitte porque incluye mucha información confidencial”, se ha limitado a responder tras ser interrogada por el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun.

Köning también le ha respondido al eurodiputado catalán Ramón Tremosa que no es su labor investigar si las autonomías y los municipios sacaron depósitos masivamente en los días previos a la caída y ha eludido entrar en el debate sobre los litigios que se preparan para compensar a los accionistas y bonistas afectados. “Quien piense que se ha visto afectado puede recurrir a los tribunales nacionales y si no ante el tribunal europeo. Nosotros tomamos una decisión y nuevos colegas españoles la aplicaron”, ha zanjado.