La justicia investigará la labor del FROB en la venta del Banco Popular
J. A. Bravo | Madrid
La justicia no solo depurará las posibles responsabilidades de los antiguos gestores de Banco Popular, ya sea en vía penal o civil, sino que también analizará el controvertido papel que las autoridades públicas tuvieron en su resolución por la aparente situación de quiebra que sufría y la venta al Santander por un euro. La Audiencia Nacional decidió estimar los recursos de dos asociaciones de consumidores, OCU y Adicae.
La novedad es que la actuación de los jueces será en el contencioso-administrativo, al ser la competente para revisar decisiones de organismos públicos, en este caso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía. Él fue quien ejecutó dicho proceso junto al Fondo Unico de Resolución (FUR), esto es, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión, en quienes se ha escudado el Gobierno para hacer ver que solo ha seguido las instrucciones de Francfort y Bruselas.
OCU y Adicae pidieron a la Comisión Europea el expediente de resolución del Popular, mientras que los magistrados de la Audiencia han dado 20 días al FROB para que le traslade los actos administrativos que adoptó sobre la crisis de dicha entidad. El fallo de los jueces podría respaldar una demanda contra el Estado por su responsabilidad patrimonial en el proceso e incluso, aunque es poco probable, llegar a anularlo total o parcialmente. El bufete de abogados Legaltrade ya interpuso una demanda en ese sentido en nombre de un grupo minoritario de accionistas del Popular, además de unirse a los recursos contra el FROB. Según sus abogados, «no resulta creíble, ni admisible, que en dos meses la entidad pierda más de 18.000 millones de valor», considerando además que sus cuentas consolidadas presentadas al cierre del primer trimestre «arrojaban activos por más de 147.000 millones».