La excúpula del Fórum se sentará en el banquillo once años más tarde
El presidente de la sociedad se enfrenta a veintisiete años de cárcel por cuatro delitos.
EFE | Madrid
Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, la excúpula de la sociedad afina su estrategia antes de que en un mes, el 18 de septiembre, la Audiencia Nacional celebre la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.
Unos delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como «líder de una organización de marcado carácter presidencialista» que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. La reciente designación de Alejandro Luzón al frente de la Fiscalía Especial marcará el inicio de las vistas orales, o al menos de la constitución de los estrados.
Y es que, fuentes próximas al proceso han informado que tras la aceptación de su nuevo cargo, la representación del Ministerio Público recaerá en el fiscal Juan Pavía, que formó pareja con Luzón tanto en esta instrucción como en la causa penal contra los responsables de otra filatélica, Afinsa. Las comparaciones entre ambos procedimientos parecen insalvables de cara a una opinión pública repartida entre quienes exigen una condena ejemplar para los acusados y los que, prisión al margen, muestran su descontento con la gestión política de un escándalo que en el caso de Fórum afectó a casi 270.000 clientes. A pesar de las discrepancias entre perjudicados acerca de la intervención de ambas sociedades, el paso del tiempo y la falta de respuestas parece unirles en las reclamaciones al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios.
Con el lema «11 años. Ya es suficiente. Que le den al Gobierno. Que le den a la Justicia», la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico conmemoraba en mayo un nuevo aniversario, cada vez más «hartos» y descontentos con un sistema judicial «lento, arbitrario y absolutamente inoperante a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos». De forma simultánea, Madrid acogía las protestas de la asociación de consumidores Adicae, que criticaba la lentitud tanto de la vía judicial como de los administradores concursales.