TRIBUNALES
Una empresa catalana presenta la primera demanda civil contra el Popular
La firma exige la devolución de 10.000 euros invertidos en la entidad en junio del 2016. El abogado denuncia "engaño" en la oferta de acciones a su cliente
Fachada del Banco Popular en el paseo de Gràcia de Barcelona.
Una pequeña empresa catalana de reciclaje de residuos, ubicada en localidad de Santa Perpetua de Mogoda, ha presentado ante un juzgado de primera instancia de Madrid una demanda civil contra el Banco Popular al que reclama 10.000 euros por las pérdidas sufridas tras haber invertido en la compra de acciones de la entidad con ocasión de la ampliación de capital de mayo del 2016.
Según el letrado Felipe Izquierdo, abogado encargado del procedimiento, se trata de la primera demanda civil contra el Popular, después de que entidad fuera absorbida el pasado mes de junio por el Santander por el precio de un euro con la consiguiente pérdida de valor de todas sus acciones.
En su demanda, el letrado pide que se declare la nulidad de la operación realizada en una sucursal del Popular en Santa Perpetua de Mogoda por considerar que la empresa de reciclaje "fue engañada" para la compra de las acciones.
El relato
La citada empresa había acudido al Popular para solicitar un préstamo para la compra de un camión. "En definiva, lo que en realidad hicieron (el comercial y el director de la oficina), fue aprovechar la concesión de un préstamo de 100.000 euros para colocar esas acciones edulcorando esa compra de acciones con la falsa promesa de que con la ampliación de capital se habían acabado los problemas de Banco Popular y que no solo percibiría dividendos a partir del ejercicio 2017, sino que además el valor de la acción en bolsa repuntaría notablemente", según el texto de la demanda.
Además, se denuncia que los datos publicados en el folleto de la ampliación de capital "eran como mínimo gravosamente inexactos". El citado folleto estimaba unas pérdidas para el 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la Memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros (un 75% más). Estas "graves inexactitudes del folleto" y la "falsa situación de solvencia y económica" de la entidad, junto con la denuncia de haber sido objeto de un "engaño" son los argumentos que avalan esta demanda civil que a partir de ahora deberá ser aceptada, o no, por el tribunal.
Esta demanda se suma a las diversas denuncias y querellas interpuestas a comienzos de verano en la Audiencia Nacional por abogados, entre ellos el propio Izquierdo, que representan a accionistas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por "ocultar a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía".