La Fiscalía pide investigar a Ron y a Saracho por la ruina del Popular

José María Camarero | Madrid

Los últimos 12 meses de vida del Banco Popular no fueron precisamente un camino de rosas para los pilares financieros de la entidad, que vio peligrar su futuro abocándose a un rescate ‘in extremis’. Y puede que se convierta en una pesadilla judicial para los dos últimos presidentes de la corporación y sus consejos de administración. La Fiscalía Anticorrupción ha dado el primer paso instando al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a que admita a trámite la querellas que los afectados por la resolución de la entidad han ido presentando desde su rescate, dirigidas fundamentalmente contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

La actuación del Ministerio Público se enmarca en un contexto en el que la Audiencia Nacional ha recibido numerosas demandas de perjudicados que perdieron sus inversiones en el banco tras diluirse el valor de las acciones del Popular y el de su deuda, tras su adquisición por parte del Santander. En concreto, se han presentado aproximadamente una treintana de querellas por la liquidación del banco.

Sin este informe de la Fiscalía, el juez no podía iniciar las actuaciones para comenzar las diligencias relativas a esas querellas, aunque la petición realizada por la acusación pública no asegura que así lo vaya a hacer. De hecho, el propio magistrado no había solicitado hasta ahora —han transcurrido casi cuatro meses desde el rescate del banco—su parecer a la Fiscalía, un paso necesario para iniciar la causa, si lo hay. Precisamente Andreu es el juez encargado de instruir otro caso bancario, el de la salida a Bolsa de Bankia. En mayo acordó el procesamiento de 32 imputados, entre los que se encontraban el expresidente de la entiadd, Rodrigo Rato, así como otros consejeros, vocales y administradores del grupo financiero entre 2010 y 2011.

Muchas incógnitas

A partir de ahora se abre un campo de incógnitas sobre el futuro judicial de Ron y Saracho, apuntados por miles de afectados agrupados en las demandas presentadas desde el 7 de junio. Entre las que aglutinan a un mayor número de perjudicados se encuentra la de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) —la primera en llegar a la Audiencia Nacional— contra Ángel Ron, su último consejero delegado Pedro Larena, el que fuera su vicepresidente y la firma auditora PwC, por falsedad contable y estafa al inversor. Por su parte, el despacho Cremades & Calvo Sotelo también amplió con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.

Ron, que fue presidente del Popular hasta el pasado mes de febrero, ha sostenido que la entidad era solvente cuando él abandonó el cargo, a pesar de que el banco tuvo que realizar una ampliación de capital por 2.500 millones en junio del año pasado para reforzar su capital. Fue la última operación de este tipo tras una ristra de ampliaciones materializadas desde 2011.