La Audiencia Nacional juzga a la excúpula de Abengoa por administración desleal

efe | madrid

La Audiencia Nacional juzga desde hoy a la antigua cúpula de Abengoa, entre ellos su expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, para quienes la Fiscalía pide cinco años y cuatro años y tres meses de prisión, respectivamente, por presunta administración desleal.

Junto a ellos, se sentarán en el banquillo la que fuera presidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones en la época -septiembre de 2015- Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que se enfrentan a entre tres y cuatro años y medio de cárcel por idéntico delito.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los tres habrían acordado el pago a Benjumea y Sánchez Ortega de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente, en concepto de indemnización por su cese anticipado, a sabiendas de que la compañía «ya atravesaba una grave crisis, y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital».

El 24 de septiembre de 2015, tras conocerse ambas marchas, Abengoa comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que HSBC, Banco Santander y Credit Agricole se habían comprometido a asegurar 465 millones de euros en la ampliación, si bien señalaba la suspensión del pago de dividendos a sus accionistas como medida para reducir el endeudamiento de la empresa.

Apenas dos meses después, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles de Sevilla una solicitud de preconcurso de acreedores, lo que unido a la salida de su cúpula motivó la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la compañía.

Durante la instrucción del caso, varios de los acusados alegaron que el cese de Benjumea como presidente ejecutivo no fue sino una «exigencia innegociable» de entidades como Banco Santander, versión que refuta el fiscal José Perals, que alude a una «salida voluntaria» pues «no consta que nadie dentro de Abengoa, y mucho menos de su Consejo le obligara o coaccionara, ni siquiera aconsejara, la adopción de tal decisión».

De igual modo, la Fiscalía cuestiona el cobro de 4,5 millones tanto por el expresidente como por Sánchez Ortega en concepto de confidencialidad pos-contractual, no sólo porque «no se había extinguido en ninguno de los dos casos, sino porque ninguno de los dos precisaba asegurarse de una estabilidad económica tras su contrato».