La nueva ley de contratos del Estado acota la reforma laboral

La reforma laboral ha sufrido un revolcón parlamentario en uno de los aspectos que más polémica ha creado desde su aprobación en el 2012: la prevalencia del convenio colectivo de empresa y el descuelgue que ésta puede realizar para suspender o recortar los derechos de los trabajadores. La aprobación definitiva la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, de la ley de contratos del sector público ha supuesto una nueva puya en la legislación laboral que puso en marcha el Gobierno del PP con la excusa de la crisis.

La acción conjunta de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, PDECat, ERC y PNV, así como de otros diputados del Grupo Mixto, ha permitido aunar una mayoría parlamentaria, frente a la alianza PP-Ciudadanos, que evite los recortes en las garantías laborales y salariales  de los trabajadores de las empresas que, bien directamente o por medio de la subcontratación, son empleados en adjudicaciones de todas las administraciones.

Un pellizco del PIB

De esta forma se pone freno a las ofertas baratas que reducen los costes y gastos de las obras a cuenta de rebajar los salarios, método al que recurren las empresas adjudicatarias de servicios públicos ante unas administraciones con el presupuesto muy recortado. Pese a ello, el volumen de dinero que  mueven los contratos de las administraciones públicas  está entre el 18% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone un buen pellizco presupuestario.  

En los últimos meses la contratación low cost de servicios públicos ha dado lugar a varios conflictos, como el de los empleados de la seguridad del aeropuerto de El Prat y de los vigilantes del Ministerio de Defensa. En este último caso, los empleados de Marsegur , la firma adjudicataria, recibían un salario por debajo del convenio del sector que apenas superaba el salario mínimo interprofesional (SMI). El ministerio decidió rescindir la contrata.

Tras un año de debate (el proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados en noviembre  del 2016) de las numerosas enmiendas de la oposición, el texto que se remitió al Senado en septiembre contaba con el apoyo casi unánime de los grupos. Pero el PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar tres enmiendas para que el convenio de referencia fuera el de empresa (del que muchas subcontratas carecen) y no el sector. 

Por estos cambios el texto tuvo que volver al Congreso en donde la suma de PP y Ciudadanos no fue suficiente frente a toda la oposición (que hizo suyas las propuesta de CCOO y UGT) y se pudieron mantener las garantías de los empleados de las subcontratas.

Descuelgue 

Idoia Sagastizábal, del PNV, puso el dedo en la llaga al señalar que la intención del PP al hablar en sus enmiendas de los "convenios de referencia" era la de imponer los pactos de empresa, que en ocasiones "se han hecho para, tras un descuelgue, reducir de manera importante condiciones laborales esenciales para los trabajadores, entre ellas, las salariales".

En el lado contrario, el portavoz de Ciudadanos Fernando Navarro reconoció el varapalo para la reforma laboral al afirmar: "Estamos de acuerdo en sentarnos para estudiar todas las reformas de la legislación laboral sea necesario, pero no a cambiarla por la puerta de atrás".

CCOO y UGT saludaron estas garantías para evitar "propuestas temerarias" en las licitaciones públicas y así obligar a los órganos de contratación de las administraciones al excluir las ofertas "anormalmente" bajas.

La futura ley, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las Administraciones Públicas a subrogarse al personal que prestaba un servicio externalizado cuando decida prestarlo directamente.