CONSUMO
CNMC y Defensor del Pueblo denuncian abusos a través de los teléfonos 902
El precio de las llamadas a servicios de atención al cliente supera las realizadas a fijo. Las organizaciones de usuarios reclaman la gratuidad de la asistencia al consumidor
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, en una ponencia en Santander, en el 2016.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Oficina del Defensor del Pueblo y asociaciones de consumidores han denunciado los abusos a través de la numeración 902, que se utiliza habitualmente en servicios de atención al cliente, y han propuesto cambios para proteger a los usuarios.
En la jornada ''Protección al Consumidor. ¡Fair Play consumidores!' organizadas por la CNMC, estos organismos han coincidido en pedir que los precios que se apliquen a las llamadas a estos números sean los correspondientes a una llamada ordinaria de fijo a fijo o de móvil.
La subdirectora de Regulación de Comunicaciones Electrónicas de la CNMC, Virginia Rodríguez, señaló que el organismo propone limitar las tarifas minoristas de las llamadas 902 "para que se apliquen los precios de una llamada ordinaria de fijo a fijo o de móvil a fijo en los 902", tal como estableció una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.
Mientras, Saioa Arteaga, representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, criticó el hecho de que las llamadas a estos números se facturen al usuario desde el momento en el que se descuelga el teléfono y no cuando se comienza a ofrecer el servicio.
Asimismo, pidió que los legisladores sean "más ágiles", ya que problemas puntuales al final se generalizan por la falta de "actuación administrativa".
En lo que se refiere a los usuarios, Jesús Benítez, de la asesoría jurídica de Facua, fue más allá y consideró que estos números deberían ser gratuitos al tratarse de un servicio de atención al cliente.
Por su parte, el responsable de Regulación de Vodafone España, Matías González, replicó que los servicios gestionados a través de los 902 no sólo tienen que ver "con servicios de atención al cliente", por lo que pidió un criterio que aporte seguridad jurídica a operadores y usuarios.