Hacienda estudia revisar el impuesto de Patrimonio

Otro de los tributos muy vinculados al negocio inmobiliario es el impuesto de patrimonio, transferido a las autonomías. Grava la riqueza neta que se posee por encima de los 700.000 euros, aunque cada comunidad puede variar el límite. Por ejemplo, cuatro -Baleares, Cataluña, Extremadura y Valencia- lo han bajado a 500.000 euros; en el extremo contrario, otras dos -Madrid y País Vasco- lo tienen bonificado al 100%, esto es, en ellas no se paga nada por el mismo y solo tiene efectos declarativos.

Fue eliminado por el Gobierno del PSOE en 2008, pero Rajoy lo recuperó al llegar a La Moncloa para elevar la recaudación en plena crisis. Desde 2013 se viene prorrogando cada año, pero esta vez no se ha hecho. En el Ministerio de Hacienda dicen que aún habría tiempo hasta abril (cuando se empieza a cobrar), aunque apuntan que el modelo podría revisarse antes con la reforma de la financiación territorial.

A diferencia de otros tributos sobre el negocio inmobiliario, los ingresos por el impuesto de plusvalías no han dejado de crecer desde el final de la última bonanza económica; un 87,9% entre 2006 y 2016, pasando de 1.371 a 2.577 millones. Lo mismo pasó con el IBI, cuya recaudación ha subido un 89,6% en esos once años: desde 6.690 a 12.687 millones. Incluso ha aumentado lo obtenido en el impuesto sobre actividades económicas (IAE), aunque solo fue un 5,2% hasta los 1.788 millones.