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Hacienda refuerza el control a los ministerios al llegar al 50% del gasto

Al alcanzar la mitad del desembolso están obligados a solicitar un permiso razonado.

Publicado por
León

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david valera | madrid

Hacienda no quiere ver comprometido el déficit de este año por la ausencia de nuevos Presupuestos. Por ese motivo ha reforzado el control del gasto de todos los ministerios desde el 1 de enero y hasta que se aprueben las cuentas públicas de 2018. En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro impone a los ministerios y organismos autónomos la obligación de pedirle una autorización cuando alcancen el 50% del gasto presupuestado tras la prórroga de 2017. Es decir, cada departamento puede ejecutar la mitad de su presupuesto como hasta ahora, pero al llegar a la mitad del gasto en determinadas partidas deberá solicitar un permiso razonado a Hacienda.

No es la primera vez que el Gobierno toma una medida así. De hecho, el año pasado ante un escenario de prórroga presupuestaria similar se estableció el límite para pedir autorización en el 70% del gasto. Es decir, en esta ocasión Hacienda da menos margen de confianza a los ministerios y endurece la labor de control, ya que deberán pedir la autorización al ejecutar la mitad de sus presupuestos. Desde el departamento que dirige Montoro argumentan que a cambio este año no se ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad como ocurrió el pasado ejercicio y que ascendió a 5.500 millones.

Con esta medida, el Gobierno busca dos cosas. Por un lado mandar un mensaje de tranquilidad a Bruselas sobre el cumplimiento de la senda de estabilidad. Y además, presiona de nuevo a los partidos de la oposición y a las comunidades -que no verán actualizadas sus transferencias del Estado- para lograr los apoyos parlamentarios suficientes y sacar unos nuevos Presupuestos.

En concreto, el documento explica que los ministerios «no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8». Se trata de gastos referidos a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros. Es decir, se limita la posibilidad de licitar obras o de endeudarse. Eso sí, quedan exentas de este control reforzado al superar el 50% del gasto algunas partidas sensibles como las destinadas a financiar las pensiones públicas, las clases pasivas y el desempleo, entre otras.

El acuerdo deja claro que «solo por causas excepcionales y debidamente justificadas» Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado ese límite» del 50%.