El Gobierno amplía las medidas contra el blanqueo al ‘crowfunding’
efe | madrid
El Gobierno ha ampliado los colectivos afectados por la ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y ha añadido los que intermedien en alquileres mensuales superiores a 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa (‘crowdfunding’).
El Consejo de Ministros hdio ayer luz verde al anteproyecto de ley que modifica la norma para incorporar las novedades derivadas de la V Directiva de blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.
La norma también refuerza los controles para personas con responsabilidad pública (Politically Exposed Persons o PEPs), que en la actualidad incluyen las de comunidades autónomas y entidades locales.
Hasta ahora el control se determinaba caso por caso, pero con la nueva norma se equiparan los nacionales con los extranjeros, que están sometidos a especial seguimiento de manera general.
Se modifica el contenido del fichero de titularidades financieras, creado para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para que incluya también las cajas de seguridad y las cuentas de pago.
Asimismo, se cambia el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención, de forma que las multas máximas pasan del 5 % del patrimonio neto de la entidad al 10 % del volumen de negocio consolidado del grupo.
Se crea también un registro de prestadores de servicios a sociedades que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, entre otras, y se refuerzan los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
La nueva norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo.