El recargo fiscal a las casas vacías enfrenta a Gobierno y ayuntamientos

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Este ya famoso artículo de la Constitución (el número 47) se ha convertido en casi utópico para un buen número de ciudadanos, por mucho que la Carta Magna establezca también que los poderes públicos deberán promover «las condiciones necesarias» para ello, estableciendo «las normas pertinentes» y «reglando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». No obstante, varias comunidades autónomas y ayuntamientos sí han ido dando pasos en ese sentido a la vista de que desde el Ejecutivo central han sido más bien parcos.

Cierto es que hace catorce años el Gobierno abrió la puerta a penalizar a los propietarios de casas vacías -la tasadora Tinsa las estima en 340.000 si hablamos solo de las construidas desde 2008, frente a una estimación global de 1,6 millones-, pero lo hizo solo a medias y con algunas piedras en el camino. La principal, y que ha hecho que una mayoría de municipios no establezcan ese recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellos de uso residencial que no estén recibiendo uso alguno, es que se dejó sin concretar la definición de una vivienda desocupada «con carácter permanente». No venía en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y tampoco se ha subsanado esa omisión desde entonces.

La consecuencia ha sido que algunos tribunales superiores de justicia (TSJ) han echado atrás ese recargo aprobado por algunos consistorios, al considerar que no estaba claro si las viviendas estaban realmente vacías a todos los efectos y, además, por estimar que regular en esa materia corresponde solo al Estado, esto es, el vacío existente no puede ser subsanado por ordenanzas municipales. Así, el Ejecutivo sigue teniendo pendiente aprobar un reglamento que desarrolle dicha normativa pero, el asunto lleva años prácticamente parado.

Distintos ayuntamientos han aprobado sendas mociones para pedir al Gobierno que actúe y establezca las condiciones para que una vivienda pueda ser considerada desocupada de forma continua.