"Recolocaremos al 100% de la plantilla de las centrales"

JOSÉ Mª CAMARERO | MADRID

—¿Le parecen adecuadas las medidas recomendadas por el comité de expertos de cara a 2030?

—Se trata de un informe muy alineado con las directrices de la Comisión Europea impulsadas por el comisario Arias Cañete. Presenta un enfoque completo de las implicaciones del proceso de transición energética que nos debe llevar a cumplir con los objetivos de descarbonización. Además, el amplio consenso con el que ha sido aprobado sienta las bases para poder legislar sobre este asunto. Y pone de manifiesto el positivo impacto que puede suponer para la creación de riqueza y el empleo, haciendo, como aseguró el presidente del Gobierno, que la política medioambiental y energética sea un pilar de nuestra competitividad y nuestro crecimiento; palabras que comparto.

—Ese informe aboga, como Iberdrola, por dejar de usar el carbón. ¿Mantiene su intención de clausurar las dos centrales térmicas de Asturias y Castilla y León?

—La decisión final corresponde al Ministerio de Energía. Nuestra postura respecto a las dos únicas centrales de carbón que nos quedan en todo el mundo no ha variado y es plenamente coherente con la estrategia de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático por la que Iberdrola es conocida y reconocida en el mundo. Y es coherente con la legislación europea.

—Llegado el caso, ¿qué planes tiene para recolocar a las plantillas afectadas y potenciar económicamente esos territorios?

—En línea con nuestro compromiso con el empleo, recolocaríamos al 100% de la plantilla, como lo hemos hecho en el caso de las quince centrales que hemos sustituido desde el año 2001, entre las que se encuentran otras españolas como las de Pasajes o Elcogas.

—¿Mantiene su postura de que las nucleares no son económicamente viables ¿Qué solución hay para evitar su cierre, que en casi dos años afectaría ya a Almaraz?

—El compromiso de Iberdrola con la descarbonización del sector es inequívoco. El informe de los expertos considera que las nucleares son necesarias por su contribución a la consecución de una transición competitiva y de los objetivos de reducción de emisiones. Pero, como dice ese texto, para que puedan seguir funcionando hace falta un marco retributivo que permita acometer las inversiones necesarias para operarlas, de acuerdo con una previsión de recuperación de las mismas con una rentabilidad razonable.

—Una pregunta que se hacen millones de ciudadanos cada mes: ¿entiende su propio recibo de luz?

—Es el regulador quien indica cuál debe ser su estructura. Lo que es de difícil comprensión es que el 50% de la factura no tenga nada que ver con el coste de la energía. Además de las elevadas tasas e impuestos, a través de la factura financiamos políticas sociales, medioambientales, industriales, autonómicas... Si eliminaran estos conceptos, el coste del recibo se reduciría notablemente. No digo que no tengan que existir esas medidas, pero sí que no podemos sufragarlas a través del recibo. Esta es una de las propuestas de la comisión de expertos.

—Pero si esos cargos se quitan del recibo y se financian vía Presupuestos, habrá que pagarlos con más impuestos y, al final, sería el ciudadano quien los terminaría soportando de un modo u otro.

—En términos de costes propios del servicio, España es enormemente competitiva respecto a otros países de nuestro entorno. En términos de tarifa industrial, estamos muy por debajo de la media europea y es inferior a Alemania o el Reino Unido. En cuanto a la tarifa doméstica, es similar a la de Reino Unido o Italia, inferior a la de Alemania y está en línea con la media de Europa a pesar de las tasas. La respuesta la ofrecen, como decimos, los expertos. Una reforma de la fiscalidad energética a partir del principio de que ‘quien contamina, paga’ supondría un reequilibrio impositivo que no afectaría negativamente al consumidor, más bien todo lo contrario.

—¿Qué hacen ante la sociedad para mejorar su imagen, perjudicada por el problema de la vulnerabilidad, sobre todo tras la crisis?

—Desde 2014 hemos sido pioneros en la firma de acuerdos y convenios para la protección a los clientes más vulnerables. Abordamos su atención en términos de compromiso social, no como una simple cuestión de imagen. Con los 55 acuerdos ya suscritos, Iberdrola da cobertura al 100% de sus clientes residenciales en España, a los que protege de la suspensión del suministro eléctrico y de gas por impago de la factura.

—Acaban de anunciar uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes de Europa en España. ¿Es un cambio frente a su actitud anterior en torno a las subastas de renovable, en las que Iberdrola no se asignó potencia alguna?

—Tenemos casi 30.000 megavatios renovables instalados por el mundo. No estamos en la carrera de conseguir potencia renovable a cualquier precio; podemos escoger aquellos proyectos cuyas características permiten obtener una rentabilidad razonable. Ese nuevo proyecto en Extremadura está aún en desarrollo y no supone un cambio de actitud, sino un ejemplo más de nuestro compromiso con las tecnologías limpias. Recuerdo que somos el primer productor renovable del país.

—En el plano político, ¿se ha reunido con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos?

—Los dirigentes de todas las formaciones mantienen encuentros con las empresas en múltiples foros. Forma parte de la normalidad de la agenda institucional en cualquier país democrático y lo extraño sería lo contrario. Mantengo contactos con representantes de muchas formaciones políticas, dentro y fuera de nuestro país, y creo que con ello cumplo con mi deber.

—¿Qué balance de 2017 presenta a los accionistas de Iberdrola?

—Se ha vuelto a poner de relieve la fortaleza de nuestro modelo y su capacidad para proporcionar resultados sostenibles en condiciones adversas, como las derivadas de la fuerte caída de la producción hidroeléctrica en España y del negocio minorista en el Reino Unido. Nuestras inversiones brutas en el ejercicio aumentaron un 32% hasta alcanzar casi los 6.600 millones y logramos un crecimiento del beneficio del 3,7%, con lo que podemos incrementar también nuestro dividendo un 4,2% hasta los 0,323 euros. Pero me gustaría resaltar otras magnitudes que a veces pasan desapercibidas y que para nosotros son absolutamente centrales, pues reflejan nuestro compromiso con lo que llamamos el dividendo social. Por citar solo algunas cifras, el año pasado hemos realizado 4.111 nuevas contrataciones, hemos efectuado compras a miles de proveedores por cerca de 8.700 millones de euros y los tributos que hemos ingresado en las arcas públicas se han elevado hasta los 7.111 millones de euros, a los que hay que sumar, de acuerdo con estudios de los que disponemos, otros 7.000 millones de euros de impacto fiscal indirecto e inducido. Todo ello junto a una apuesta decidida por la formación y la capacitación profesional de los jóvenes; el apoyo a la igualdad de género, plasmado entre otras iniciativas en el apoyo al deporte femenino; la protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad; la promoción del arte y la cultura o la cooperación y la solidaridad con los más desfavorecidos.

—¿Es factible la promesa de elevar el dividendo hasta 0,4 euros por acción en cinco años?

—En los próximos años, Iberdrola va a realizar un enorme esfuerzo inversor en todos los países en los que estamos presentes. Nuestras inversiones hasta 2022 alcanzarán los 32.000 millones de euros, la mayor parte destinadas a redes y renovables, lo que supone un incremento del 65% frente a las inversiones del quinquenio anterior. En España, por ejemplo, vamos a invertir cerca de 1.000 millones de euros al año, el doble de lo que invertimos hace solo cinco años. Ello va a impulsar el crecimiento de los resultados hasta situarlos entre los 3.500-3.700 millones en 2022, alrededor de un 30% más que en 2017. Dado que nuestro dividendo crecerá en línea con el beneficio, podremos elevarlo hasta alcanzar esos 0,4 euros por acción.

—¿Cuáles serán los países y los negocios que más contribución aportarán al grupo hasta 2022?

—Nuestras previsiones apuntan a que el beneficio bruto de explotación del Grupo se situará entre los 11.500 y los 12.000 millones de euros en 2022, de los que el 50% procederá del negocio de redes y el 27% del negocio de renovables, con una cesta de divisas muy equilibrada: un 35% provendrá de la zona euro, un 29% corresponderá al dólar, un 20% a la libra y un 16% al real brasileño, en línea con la asignación de nuestras inversiones.

—Iberdrola no está satisfecha con la gestión que Siemens realiza en Gamesa, donde la eléctrica tiene un 8% de la propiedad frente a la proporción mayoritaria de la alemana. La tensión ha llegado a tal punto que Iberdrola podría instar a la CNMV para que valore si es pertinente revisar la exención de la que goza Siemens para no tener que lanzar una OPA sobre el fabricante de aerogeneradores para las eólicas, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Iberdrola?

—El acuerdo que alcanzamos hace casi dos años se basa en que Siemens-Gamesa sea un proyecto industrial español e independiente. Queremos que el acuerdo se cumpla en beneficio de todos los accionistas, teniendo en cuenta, además, el papel de minoritario reforzado que nos dio la CNMV en el expediente de exención de OPA. Por eso, quisimos proponer medidas en la reciente junta de accionistas que, en el caso de la relativa a las operaciones vinculadas, fueron respaldadas por más del 83% de los minoritarios. De ahora en adelante, continuaremos velando por el cumplimiento de los acuerdos y por la protección de todos los accionistas minoritarios; de todos. Porque creemos que esa es la mejor manera de contribuir al éxito de la compañía como un proyecto independiente y no como el de una mera filial.

—¿Está en riesgo la sede de Gamesa en España y las compras a los fabricantes antiguos proveedores de Gamesa, muchos de ellos vascos?

—Nosotros solo apostamos por una Siemens-Gamesa con domicilio social en el País Vasco. Y por esto propusimos ese punto en su junta, para eliminar cualquier duda al respecto. Defendemos una Siemens-Gamesa que sea motor del desarrollo industrial vasco, de ahí nuestra propuesta. Insisto en que eso solo puede garantizarse a través de una gestión independiente, no desde su consideración como una filial.