Los trámites burocráticos hacen flaquear el bono social energético

José M. Camarero | Madrid

El problema de la vulnerabilidad energética puso en entredicho las políticas de los Gobiernos, superados por la crisis desde hace una década, y las estrategias de las compañías eléctricas, con una popularidad que caía a ritmos agigantados. El 15 de noviembre de 2016 esta realidad vivió su peor momento cuando una anciana de Reus (Tarragona) fallecía por el uso de velas para iluminar su vivienda ante la imposibilidad de pagar las facturas de la luz. Desde entonces, el Ejecutivo y los partidos han acordado un nuevo sistema de ayudas, que no termina de cuajar, y las corporaciones del sector han extendido planes de apoyo con los que prácticamente han cubierto a la totalidad de sus clientes. La preocupación sigue ahí, pero mucho más apaciguada por las últimas actuaciones que hubieran evitado más de un quebradero de cabeza familiar durante la crisis.

La situación por la que pasa el bono social es un fiel reflejo de cómo se está comportando el mercado eléctrico para los pequeños consumidores. Desde que en octubre del año pasado se pusiera en marcha la nueva ayuda para abonar el recibo de la luz entre los colectivos más vulnerables, las compañías solo han recibido unas 600.000 solicitudes de ciudadanos para acogerse a estos descuentos de entre el 25% y el 40% en la parte de consumo, dependiendo de la renta de cada hogar y de la situación por la que atraviese. La recepción de peticiones apenas alcanza todavía un 25% de 2,4 millones de usuarios que hasta ahora tenían concedido el bono social, aunque no en todos los casos tienen por qué ser receptores de la nueva subvención, al haber cambiado las condiciones. De todos ellos, se han aprobado 264.000 expedientes, un 10% de quienes disfrutaban del bono.