Bruselas legisla para proteger a delatores como Falciani
La Comisión Europea presentará este lunes una nueva directiva con un mecanismo de denuncia y exigencia de sanciones disuasorias
Si el escándalo Luxleaks, que puso en evidencia la existencia de centenares de acuerdos fiscales entre las autoridades de Luxemburgo y empresas multinacionales para rebajar su factura fiscal, salió a la luz fue gracias a las informaciones reveladas por dos exempleados de la consultora PriceWaterHouseCooper, Antoine Deltour y Raphaël Halet, enjuiciados en el Gran Ducado por robo de documentos, revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad. Su gesto no fue premiado. Todo lo contrario. Desde entonces no han salido de los tribunales.
La misma presión vive estos días Hervé Falciani, el informático franco-italiano que sustrajo datos de 130.000 cuentas opacas en el banco suizo HSBC en el que trabajaba exponiendo a miles de evasores fiscales, y pendiente ahora de una posible extradición de España a Suiza. Situaciones como las suyas podrían tener los días contados gracias a una nueva directiva dirigida a proteger a los delatores que denuncien casos de fraude y evasión fiscal y que presentará este lunes la Comisión Europea.
La propuesta responde a la fuerte presión de la opinión pública, cansada de escándalos como el Luxleaks o los Panamá Papers, y la insistencia de la Eurocámara y de organizaciones como Transparency Internacional, que llevan meses reclamando una legislación integral que ponga fin a la fragmentación existente en la UE, donde solo unos pocos Estados miembros están bien pertrechados en términos legislativos mientras que otros carecen de legislación –como Chipre o Malta- o solo disponen de medidas sectoriales –es el caso en 17 Estados miembros- pero sin ser lo suficientemente eficaces para garantizar una protección general y evitar que todo aquel que tire de la manta en interés público no sea considerado como un delincuente.
El marco de protección diseñado por Bruselas se aplicará a un amplio abanico de sectores que abarcan desde los servicios financieros, hasta la protección de los consumidores, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la sanidad pública, la competencia, la protección de datos o la seguridad nuclear. La normativa cubrirá a trabajadores que destapen los trapos sucios de sus empresas pero también a becarios, empleados temporales o voluntarios. En definitiva, toda aquella que persona con motivos razonables para pensar que una información es verídica en el momento de denunciarla estarán protegidos por un estatus especial.
Mecanismos internos en las empresas
Todas las empresas públicas y privadas de más de 50 empleados tendrán que poner en marcha un sistema interno de denuncia que permita a los delatores (whistleblowers en inglés) informar sobre posibles infracciones, garantizándoles confidencialidad y que no habrá represalias en forma de despidos, negativas de promoción, intimidación, acoso, o discriminación. Los informantes deberán seguir en primer lugar el canal interno, dentro de la propia compañía, aunque la directiva también prevé la posibilidad de acudir a las autoridades públicas en caso de que no reciba la protección adecuada, que deberán contar con una autoridad externa designada. El estatus de protección también se aplicará cuando las revelaciones se hagan a la prensa.
Los Estados miembros deberán garantizar a nivel nacional sanciones “eficaces, proporcionales y disuasorias” contra toda persona que opte por ejercer represalias sobre un delator aunque no está prevista la creación de ningún órgano europeo específico que vele por el control. Según el último eurobarómetro, la mayoría de los europeos que han experimentado o vivido algún caso de corrupción no lo denuncian. Muchos simplemente porque consideran que no hay mecanismos de protección suficiente o si los hay son demasiado débiles y la mitad porque no sabrían ante quien denunciar.