Los ayuntamientos sólo reinvierten una cuarta parte de su superávit
Los números les avalan: actualmente son las administraciones más saneadas de España.
david valera | madrid
Los ayuntamientos son las administraciones más saneadas de España. Acumulan seis ejercicios consecutivos de superávit en sus cuentas públicas (la previsión del Gobierno es que en 2018 incluso mejoren el saldo positivo del pasado curso hasta el 0,62% del PIB) frente al déficit de comunidades autónomas, Estado y Seguridad Social. Sin embargo, las entidades locales tienen limitado la reutilización de ese superávit por la regla de gasto, algo que ha provocado las quejas de los municipios. Para dar salida a esos recursos, Hacienda creó la posibilidad de destinar parte de esos importes a inversiones financieramente sostenibles (no computan en la regla de gasto). Aún así, la realidad es que las corporaciones locales sólo reinvierten una cuarta parte de ese superávit.
En concreto, los ayuntamientos pudieron destinar en 2016 -últimos datos disponibles- hasta 2.735,71 millones de su superávit total de 2015 que ascendió a más de 5.000 millones a inversiones financieramente sostenibles, esto es, a operaciones de la vía pública como alumbrado, alcantarillado o recogida de residuos, principalmente.
Sin embargo, los municipios sólo dedicaron 717,76 millones a esos proyectos, lo que apenas supone el 26,24% del total al que tenían derecho, según la información de Hacienda. De esa cantidad, 407,59 millones (un 56,8%) corresponden a los municipios y los 310,17 millones restantes a actuaciones de las diputaciones provinciales. Madrid es la ciudad que más dinero destinó a estas inversiones sostenibles (110 millones), seguida de Valencia (20 millones) y Las Palmas de Gran Canaria (6,78 millones).
Pero al mismo tiempo que los ayuntamientos dejaban tres cuartas partes del superávit sin destinar a estas operaciones, se enfrentaban con el departamento que dirige Cristóbal Montoro por la regla de gasto. ¿Una contradicción? En realidad no. El problema radica en que el ámbito de actuación de las inversiones financieramente sostenibles es muy limitado y deja fuera la posibilidad de reinvertir el superávit en gasto social como recuerdan desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por eso este organismo presionó este año a Hacienda para conseguir ampliar las áreas de actuación de estas inversiones. Algo que consiguió arrancar a Hacienda tras amenazar con movilizaciones. Así, el Gobierno aprobó en marzo un decreto que amplía los capítulos en los que se puede invertir ese superávit. A partir de ahora podrán dedicarse a servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, etc.