Luz verde a la mayor subida del techo de gasto de los últimos años
El Gobierno aprueba un aumento del 4,4% en 2019 para lograr un crecimiento económico «justo».
edurne martínez | madrid
La carrera en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 acaba de comenzar. El Gobierno anunció ayer el incremento del techo de gasto en un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros en 2019, es decir, 5.230 millones más que este año. Su objetivo es que el crecimiento económico sea «expansivo» y «justo» con los que peor lo han pasado durante la crisis, afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde 2011, el techo de gasto ha tenido una andadura diversa pero fundamentalmente negativa, teniendo en cuenta que fueron años de crisis económica. Así, mientras en los Presupuestos de 2010-2011 bajaba un 7,7%; un 3,2% en 2015 o un 4,1% en el reciente 2017; en los Presupuestos de este año el Gobierno de Rajoy subió el techo de gasto un 1,3%. Pero la subida para 2019 ha triplicado esta cifra hasta el 4,4%. Parece un incremento muy importante, pero va en la línea de la previsión de crecimiento de la economía del país.
Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda explicó que el Gobierno ha aprobado los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021 que se negoció con Bruselas la semana pasada, lo que supone un aumento del objetivo de déficit con un respiro de 6.000 millones de euros para un mayor gasto, sobre todo, para Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Así, para 2019, el reparto queda en el 0,4% del PIB para la Administración central (una décima más que en la anterior senda), el 1,1% para la Seguridad Social (dos décimas más) y el 0,3% para las comunidades autónomas (dos décimas más).
Pero ahora toca lo más difícil: que las Cámaras aprueben esta nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hay bastantes posibilidades de que no tenga el visto bueno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y aunque no hay una postura oficial al respecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves dejó entrever su postura. En la votación tras la reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades para informarles de este nuevo objetivo las autonomías dirigidas por el PP votaron en contra.
La ministra lamentó esta postura que liga a una cuestión «ideológica» del PP y apeló a la «sensatez» del partido en un asunto «de vital importancia». Asumió que si no sale adelante las comunidades serían «las grandes perjudicadas» porque perderían, junto a la Seguridad Social, unos 5.000 millones de euros para el año que viene.
De hecho, Montero recordó que si el Senado tumba el proyecto, «no hay plan B» y se volvería a la senda de estabilidad aprobada por el anterior Gobierno. «Sería difícil de imaginar que España se autoimponga unas restricciones económicas más rigurosas de lo que le está pidiendo Bruselas».