El Gobierno quiere sacar a la luz más de 40.000 falsos autónomos
Gran parte de ellos trabajan en plataformas como Deliveroo, Uber o Glovo, ya investigadas.
edurne martínez | madrid
El Gobierno lleva adoptando medidas para poner límites al auge de los falsos autónomos desde su llegada a la Moncloa, pero ayer fue cuando el presidente Pedro Sánchez anunció finalmente que el Consejo de Ministros había aprobado un real decreto para combatir el uso fraudulento de la figura del trabajador por cuenta propia que en realidad realiza una labor por cuenta ajena. Sus estimaciones calculan que unos 40.000 empleos fraudulentos podrán aflorar con la aplicación de esta medida.
Durante el balance de gestión de su Gobierno, Sánchez explicó que al regularizar y legalizar la situación a estos falsos autónomos lograrán más derechos y cobertura, gracias a «un trabajo digno del que se ven privados por el mal uso de esta figura». En el mismo sentido se manifestó el Ministerio de Trabajo en un comunicado en el que aseguraba que el objetivo de la medida es garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General para los supuestos que la Inspección de Trabajo detecte que están encuadrados de forma irregular en el Régimen de Autónomos, cuando en realidad realizan una actividad por cuenta ajena.
La principal asociación del sector, ATA, cifra entre 90.000 y 100.000 los falsos autónomos en España, mientras que la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) eleva esta cantidad hasta los 210.000. Incluso algunos despachos laboralistas y asesorías llegan a señalar la cifra de 290.000 falsos autónomos. Y lo que ninguno niega es que estamos ante un problema importante. «Es un fraude de ley y hay que combatirlo», aseguraba hace unas semanas el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien reclamaba por ello «mayor control y denuncia», dos aspectos que implican tanto a la Administración como a los propios afectados.
Algunos de estos miles de trabajadores que pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzados a inscribirse en ese colectivo son los repartidores de plataformas digitales como Deliveroo o Glovo, o conductores de Uber, tan de actualidad estos días. Estas compañías ya han sido investigadas y en algunos casos sancionadas por la Inspección de Trabajo.
562 millones defraudados
Y es que nadie sale beneficiado de esta situación, salvo los empresarios que se ahorran los gastos que conlleva un contrato. Solo en cotizaciones dejan de pagar 562 millones de euros al año, es decir, que cada falso autónomo le costaría a la Seguridad Social casi 2.700 euros anuales, con cifras de Uatae. Incluso abogados consultados disparan la cifra hasta los 776 millones anuales.