El Popular salvó 22.705 millones en pérdidas

j. a. bravo | madrid

Los accionistas y acreedores afectados por la polémica «decisión de resolución» del Banco Popular, ejecutada por el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a instancias de las autoridades europeas el 7 de junio de 2017, «no habrían recibido mejor trato si se hubiera sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario, comparado con el trato recibido».

Así lo concluye la Junta Unica de Resolución, uno de los mecanismos de la Unión Bancaria implementados por la Comisión Europea y los Veintiocho, en su decisión «preliminar» sobre la «potencial» concesión de una indemnización a ambos colectivos. Y si bien todavía no ha tomado una determinación definitiva -ha abierto un procedimiento de «audiencia» para los afectados, que tienen desde ayer hasta el 14 de septiembre para registrarse en la JUR y solicitar el ejercicio de ese derecho-, si viene a confirmar la tesis de su presidenta, la alemana Elke König, que ya veía «muy improbable» que hubiera indemnizaciones. En esta tesitura, a accionistas y acreedores solo les quedaría la vía judicial, tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la penal —en ambos casos el asunto ya está en la Audiencia Nacional—, así como en demandas civiles ante los juzgados de Primera Instancia. Asimismo, sigue abierto el camino ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Según la auditora Deloitte, que ha realizado también este tercer informe de valoración —al igual que los dos anteriores—, esas «contingencias legales» podrían suponer un coste en compensaciones de entre 1.790 y 3.450 millones de euros. Para el bufete Navas & Cusi, «lo significativo será lo que resuelva la justicia europea», aunque matiza que el Santander, «actual responsable» del Popular, «debe de responder a las legítimas demandas» de los socios. La asociación de Usuarios Financieros (Asufin) no espera mucho del proceso de alegaciones en la JUR, al creer que solo lo hace para «lavar su imagen» porque devolver el dinero «sería como reconocer que no tomó la decisión correcta». A su vez, los grandes fondos que tenían bonos del Popular (Pimco, Anchorage y Algebris) están «decepcionados, pero no sorprendidos» con el último informe de la Junta, a la que critican por no haber elegido otra auditora «con un enfoque no contaminado».