58.000 pensionistas jóvenes sobreviven con menos de 650 euros al mes

Invisibles y sumidos en la precariedad. A pesar de representar casi el 10% de los pensionistas de este país, los menores de 65 años que tienen que vivir con una pensión a causa de una enfermedad crónica se sienten olvidados por las instituciones. Entre ellos, 58.000 pensionistas menores de 45 años viven una situación especialmente vulnerable: tienen que sobrevivir con menos de 650 euros mensuales. 

Su dolencia les impide trabajar, por lo que se ven avocados a vivir con los escasos ingresos que reciben de su pensión y obligados, en muchos casos, a recurrir a la ayuda familiar. Muchos de ellos tienen que superar cientos de obstáculos para conseguir la incapacidad y, durante ese proceso, su condición es la de parado, por lo que tienen que subsistir con el subsidio de desempleo primero y las ayudas asistenciales después. Una vez reconocida su incapacidad el panorama no es más halagüeño: la mayoría de las pensiones de este tipo, concretamente más de la mitad (562.564 del total de 952.465), corresponden a incapacidad permanente total, que tienen una cuantía media de 759,73 euros mensuales.

Estas cifras, recogidas por la Unión Sindical Obrera (USO) en el informe ‘Situación laboral de la juventud en España’, ponen de manifiesto, según el propio sindicato, la necesidad de adoptar “medidas legislativas que protejan a los enfermos crónicos que llegan a la situación de incapacidad permanente”. Concretamente, USO reclama “recursos para alcanzar el bienestar y la calidad de vida que merecen”, que supone “suprimir no solo el copago farmacéutico, sino la inclusión de los tratamientos necesarios para mantener una calidad y dignidad en su vida y que han sido eliminados de los medicamentos cubiertos por nuestro sistema de salud”.

No son las únicas reivindicaciones del colectivo, que cada vez que surge el debate sobre el sistema de pensiones alza la voz para exigir no solo su permanencia, sino también una revalorización por encima del IPC (Índice de Precios de Consumo) para garantizar el poder adquisitivo, una demanda que también reiteran desde USO. 

Un parado más mientras lucha por la incapacidad

Toni Montserrat, un barcelonés de 51 años diagnosticado de una leucemia crónica, es uno de los muchos enfermos crónicos que llevan años luchando por que se le reconozca su incapacidad. Tras haber cotizado 28 años a la Seguridad Social se siente “maltratado por la Administración”. Considera que el colectivo es “completamente invisible” y, por ello, una parte de ellos tiene que seguir trabajando acarreando una grave enfermedad crónica porque no consiguen que se reconozca su dolencia. “Cuando me diagnosticaron la enfermedad los médicos me aconsejaron que bajara el ritmo y viviera sin estrés”, recuerda este exdirectivo catalán de una gran multinacional.

Aunque al principio se negó, al mes Montserrat asegura que se dio cuenta de que su cuerpo no le seguía el ritmo. Por ello, lleva en trámites desde 2015 para obtener una incapacidad que no le conceden. Mientras, está considerado un parado más. “Me dieron la baja, cobré el subsidio por desempleo y, en ese periodo de tiempo, me despidieron de mi trabajo. Ahora estoy gastando los ahorros de toda una vida”, explica. Actualmente, este barcelonés, casado y con una hija de doce años, “malvive” con 430 euros mensuales del subsidio para mayores de 45 años. Antes, denunció al INSS (Seguridad Social) por el Juzgado de lo Social al denegarle la solicitud de incapacidad permanente y espera a septiembre a presentar un recurso. “Es una tomadura de pelo, te hacen sentir un cuentista”, concluye.