El gasto en personal de confianza se dispara más del 20% en un año

LUCÍA PALACIOS | MADRID

Los funcionarios públicos son uno de los colectivos que más rápida y duramente comenzó a sufrir en primera persona los efectos de la crisis. Así, en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión inédita en la historia de la Administración española: les recortó el sueldo un 5% —con una rebaja mayor para los mejor pagados y algo menor para los peor remunerados— y anunció su congelación para el siguiente año, lo que agravó aún más su pérdida de poder adquisitivo.

Pero los ‘hachazos’ al bolsillo de los empleados públicos continuaron en los siguientes ejercicios, al ser una de las actuaciones más fáciles encaminadas a contener el déficit que se estaba disparando. En este caso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó otras drásticas medidas de recorte: les quitó la paga extra de diciembre en 2012, un mazazo en toda regla para quienes se esforzaban en sacar adelante el trabajo de la Administración, y además les obligó a ampliar el horario, ya que se estableció por ley una jornada laboral de 37,5 horas semanales, cuando en muchos sectores hacían 35 horas o menos. A su vez, vieron cómo se reducían los días extra a los que tenían derecho (los llamados ‘moscosos’ y ‘canosos’) y también se penalizaban sus primeros días de baja laboral, que en muchos casos dejaron de cobrar.

Tras cinco años de congelación salarial, la primera subida de sus retribuciones les llegó en 2016. Fue un alza del 1%, pero a día de hoy siguen muy lejos de haber recuperado el poder adquisitivo perdido, que los sindicatos cifran en cerca del 13%. A su vez, comenzaron a retornarles algunos derechos que les arrebataron (incluida la devolución de la paga extra citada), aunque lentamente pues muchas medidas, como la jornada de 35 horas y la baja retribuida, se han aprobado este mismo año.

Sin embargo, mientras los funcionarios se tenían que apretar el cinturón, no sucedía lo mismo para quienes los comandaban, es decir, los jefes de gabinete, asesores y personal de confianza de los ministerios, que son elegidos a dedo por el Gobierno de turno. Y es que mientras el gasto destinado a los sueldos de los más de tres millones de empleados públicos se reducía año tras año —además de debido a los recortes, por una reducción de plantilla, al establecerse la tasa cero de reposición—, la partida dedicada a pagar al personal de alta dirección del Gobierno crecía. Y mucho.

En concreto, a la vez que la masa salarial de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) disminuyó un 9,2% entre 2009 y 2016, el gasto público relativo al personal de alta dirección se incrementó en este mismo periodo un 41,9%. Pero la cosa no se queda ahí y el año pasado el presupuesto para los sueldos de los empleados públicos que trabajan para la AGE se redujo otro 2,8%, mientras que las retribuciones de la alta dirección se dispararon un 20,8%, según un informe realizado por UGT. De igual manera, el personal eventual del Estado —compuesto principalmente por puestos de confianza al margen de los procesos selectivos habituales en las administraciones públicas— creció un 7,7% en 2017.

Un 70% más de presupuesto

En definitiva, la partida dedicada a pagar a los funcionarios del Estado ha caído un 11,7% en los últimos nueve años, debido no sólo a los recortes de salarios sino también a la importante merma de la plantilla. De esta forma, mientras en 2009 la masa salarial superaba los 7.559 millones de euros, en 2017 ni siquiera llegaba a los 6.700 millones, esto es, 885 millones de recorte.

Por el contrario, el presupuesto que se destina a pagar los sueldos del personal de confianza del Gobierno —se desconoce cuántos son, puesto que el Ministerio de Hacienda no aporta datos oficiales— se disparó un 71% en este periodo. Y es que si en 2009 ascendía a 740.000 euros, en 2017 rozó los 1,3 millones de euros, con lo que se gasta medio millón más que nueve años atrás. A esta partida habría que sumar el presupuesto para el personal eventual (el que realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, y de nombramiento libre), que supone otros 38 millones de euros y que se reparte entre 599 personas, según datos de Hacienda a 1 de enero de 2018, 33 más que en 2017, lo que arroja un sueldo medio de 63.439 euros al año. Así, entre ambos colectivos el Estado tiene que pagar 39,5 millones, un 8% más que en 2016.

Las razones de esta fuerte subida solo pueden ser dos: bien los salarios de este colectivo se han disparado —aunque es previsible que lo hayan hecho tanto como un 70%—, bien la plantilla ha crecido de forma considerable, o una mezcla de ambas, lo que resulta más probable. Y cabe esperar que los resultados en 2018 sean aún más escandalosos, pues al haber tres nuevos ministerios necesitarán más directivos.