Ayuntamientos y CC AA podrán exigir licencias a los VTC en 2022
El Gobierno les habilita por decreto y fija una moratoria de cuatro años para los nuevos permisos.
j. a. bravo | madrid
Llegó, por fin, la ‘fumata’ que esperaban el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) pero no fue blanca ni negra, en función de lo que pudieran esperar unos o temer otros, sino más bien gris. El Consejo de Ministros, a propuesta del departamento de Fomento que dirige José Luis Ábalos, aprobó este viernes vía decreto la anunciada «habilitación» a las comunidades para que gestionen y regulen las VTC «en el ámbito de su territorio», lo que incluye la posibilidad de que creen un nuevo permiso de carácter autonómico que los titulares de las autorizaciones nacionales ya concedidas disponen de una moratoria de cuatro años.
Lo mismo pasará con las licencias municipales que puedan establecer los ayuntamientos dentro de sus competencias -algo que ya sucede con el taxi, que aparte tiene su autorización de transporte-, y «en orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial», según recoge el real decreto-ley elaborado por Fomento, que ahora será enviado al Congreso para que sea aprobado en un plazo de 30 días o terminará decayendo. De esta forma, si el Ejecutivo logra los apoyos parlamentarios suficientes, los nuevos permisos urbanos serían obligatorios a partir de otoño de 2022 salvo en aquellos lugares que opten por no legislar. El ministro Ábalos lo justificó en que «un transporte urbano se regula por quien tiene esas competencias y ello no crea inseguridad alguna, al contrario». Recordó que los vehículos de alquiler con conductor empezaron siendo un servicio «solo para ocasiones especiales (bodas, eventos, congresos) y donde se desconocía cuál podría ser su trayecto» hasta la irrupción de las dos grandes plataformas digitales que ahora sustentan este negocio, Uber y Cabify.
Defendió como «racional» el decreto elaborado por su Ministerio y respaldado por todo el Ejecutivo, que además cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional que en junio de 1996 ya distinguió una «dualidad de competencias», y la del Estado abarca los transportes que «discurran por más de una comunidad».
Los VTC actuales podrán operar libremente en cualquier ciudad durante los cuatro años de moratoria -ampliables en otros dos por razones «compensatorias» en casos «debidamente justificados»-, contando solo con el permiso estatal.