La indecisión del Tribunal Supremo encarecerá las nuevas hipotecas
La espera para saber si el banco o los clientes asumen el impuesto subirá los nuevos créditos.
Un cartel publicitario sobre hipotecas en una entidad bancaria
josé m. camarero | madrid
El «giro jurisprudencial» de 180 grados que dio el Tribunal Supremo en apenas 24 horas a cuenta de a qué parte -banco o cliente- se debe imputar el abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha revuelto aún más el mercado hipotecario español, sobre el que ya se dirigían todas las miradas tras el conflicto de las cláusulas suelo y los gastos iniciales de constitución. La espera a la que el alto tribunal ha postergado al mercado durante dos semanas para decidir el criterio a aplicar endurecerá las condiciones con las que se aprueben los nuevos créditos a partir de ahora. El sector da por descontado que si se les imputa el pago del AJD, ese coste --entre 600 y 2.000 euros, dependiendo de la operación y la comunidad autónoma- se trasladaría a la hipoteca vía tipo de interés. De hecho, antes de que el Supremo dejara en el aire el criterio de la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso, los bancos ya no se mostraban proclives a relajar esas condiciones. Así lo refleja la Encuesta de Préstamos Bancarios del BCE, publicada ayer, en la que constaba cómo las condiciones de los préstamos para vivienda «permanecieron sin cambios» en el tercer trimestre del año.
Avalancha de demandas
Ni siquiera el dinamismo del mercado financiero español, tantas veces defendido por los grandes banqueros como ejemplo de competitividad entre las entidades, ya era capaz de reducir esos costes. Ahora, con la inseguridad en torno al Supremo, el mercado se tensará. Incluso aunque el criterio final sea favorable a la banca, porque en el sector temen otra avalancha de demandas en los juzgados por parte de clientes insatisfechos.
La firma DBRS estima que serán los bancos los que tengan que pagar el impuesto a partir del 5 de noviembre, pero sin efectos retroactivos. En ese escenario, el impacto sería manejable, al situarse en un coste de unos 700 millones de euros al año. «Esperamos que los bancos probablemente trasladarán ese nuevo coste de las hipotecas al cliente. En consecuencia, el impacto neto en la rentabilidad debería ser neutral», explica la agencia de ‘rating’.
El conflicto ha llegado en un momento en el que las propias entidades reconocían en esa encuesta -con datos hasta septiembre- que aplicarían «una cierta relajación en los criterios de concesión de hipotecas» al mejorar la economía. Pero ahora ningún banco asume ese compromiso. La incertidumbre es total entre los clientes que estos días tenían prevista la firma de su escritura para adquirir una vivienda. En los bancos reconocen que algunas operaciones se están retrasando, a petición de las familias ante el desconocimiento sobre lo que sucederá.