Son lobbies patronal y sindicatos?

Lo es un sector empresarial que busca una ley más laxa para conseguir sus objetivos o una oenegé que quiere defender los derechos de una minoría social. También lo es la Iglesia o una organización social. Los lobbies son grupos de presión sobre los poderes públicos, que tratan de influir en la actividad de éstos para defender sus intereses, que no tienen por qué ser tan espurios como demasiadas veces se ha instalado en el imaginario colectivo.

Los partidos políticos están de acuerdo en que la mejor forma de combatir la mala fama de los lobbies es la transparencia y están a punto de dar a luz una reforma del reglamento del Congreso que pretende crear un registro de los grupos de presión con los que se reúnen. Pero hay un punto en el que no hay consenso: qué hacer con patronal y sindicatos.

En febrero del año pasado, el PP presentó en el Congreso una iniciativa para crear este registro de lobbies que contó con el apoyo de todos los grupos salvo Podemos, que se abstuvo por considerarla incompleta y presentó una enmienda a la totalidad que no prosperó. Solo el PSOE sumó sus votos a los de la formación morada y fueron insuficientes. La iniciativa del PP ha estado más de un año varada en la comisión de Reglamento con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Y las de cada grupo parlamentario, consultadas por EL PERIÓDICO, recogen distintas definiciones de quiénes deben someterse a ese nuevo control para lobbies: mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos incluyen a sindicatos y organizaciones empresariales, el PSOE pide expresamente que no se les exija la inclusión en el registro. Tampoco a las asociaciones de consumidores. Los socialistas argumentan que ya tienen reconocida constitucional y legalmente su capacidad de participación.

La del PSOE es la misma línea que defiende Javier Amorós, el presidente en funciones del Consejo de la Transparencia. Amorós sostiene que los sindicatos técnicamente son lobbies, pero esa no es su actividad principal y que se inscribieran en el registro es un poco redundante. Tendrían que inscribirse todos aquellos profesionales que no por su naturaleza identificas con un sector de intereses. Es lo que ocurre por ejemplo en la UE, señala. Para Amorós, lo realmente importante es que se publiquen las reuniones que mantienen los diputados, las agendas de los políticos. Si un diputado se ha reunido con un sindicato, ya sabemos que va a haber una actividad de representación de los trabajadores. Pero si la reunión es con una consultora, no sabes si en esa reunión van a hacer presión por algún grupo o no. Por eso tiene sentido que esa consultora se inscriba como lobbista, indica Amorós. El registro es importante para que se identifique a quien de otra manera no se identificaría como lobbista, e incluso que se indique el sector al que representa, añade.

Es lo que el Consejo de la Transparencia defendió en la comisión del Congreso a la que fue invitado como experto para elaborar la ley integral anticorrupción de Ciudadanos, atrapada en las prórrogas interminables al plazo de enmiendas y que incluye también un proyecto de registro de grupos de interés. La formación naranja defiende que el registro de transparencia debería incluir cualquier organización u actor individual, ya sea patronal o sindical, que quiera participar en el proceso legislativo de la cámara, en busca de la transparencia necesaria, sin que ello implique ningún tipo de juicio de valor sobre sus actividades.

Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, cree que en principio, sindicatos y patronal son grupos de presión, pero su actividad es de dos tipos: la amparada por la Constitución y la que ejercen como lobbistas. Cuando ejercen la primera (la negociación colectiva, por ejemplo), no puede ser considerados lobi. En ese contexto sería absurdo, indica. Solo estarían actuando como lobbistas cuando sus reuniones son en defensa de intereses propios, añade el experto.

Registro obligatorio y universal

Impulsores de esta reforma del reglamento ha sido la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Su presidenta, María Rosa Rotondo, defiende que la regulación de los grupos de interés es un castillo de naipes, y en el momento en que quitas un parte, todo se cae abajo. Los dos elementos fundamentales de cualquier regulación eficaz de los grupos de interés es que el registro sea obligatorio y universal; esto es, sin excepciones, considera Rotondo. El registro es meramente informativo, igual que existen el registro mercantil o el registro de asociaciones. El diputado sólo debería poder reunirse con personas que estén inscritas en el registro, afirma, tajante. La experta defiende que aparecer en las agendas de los diputados no es suficiente porque aunque su diálogo con los poderes públicos es preeminente, el hecho de que se registren no impide ese diálogo, sino que es una obligación a la que no deben oponerse.

Parlamento y Comisión Europeos comparten desde 2011 un registro de transparencia. Entre los grupos de presión registrados hay organizaciones no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías y grupos, pero también sindicatos y asociaciones profesionales. Solo hay dos excepciones al registro de lobbies: los representantes elegidos democráticamente y los máximos representantes de las iglesias (el Papa o el Dalai Lama), indica Rotondo.

La postura de los sindicatos

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, tienen clara su postura: no se consideran lobbies y no deben aparecer como tal en el registro. Tenemos la capacidad de influir otorgada por la Constitución, apunta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, que asegura que ni son un lobi ni tienen que aparecer en ningún registro. Somos los únicos que podemos decir a quién representamos porque nos votan en las urnas, añade. En la misma línea se expresa el secretario de Organización de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, que aunque admite que desconocía que el Parlamento estuviera abordando ese tema, cree que elevar a los sindicatos a la categoría de lobbies es una práctica desafortunada. Alguien se confunde en los términos, los sindicatos representamos a los trabajadores y somos agentes sociales, no lobbies, defiende, porque la Constitución nos asigna la participación en el diseño de políticas económicas. CEOE mantiene el asunto en estudio y. según indican, están en consultas con sus diferentes organizaciones, por lo que de momento no tienen una opinión sobre si deben figurar o no como lobbies.