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León

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El Gobierno no renuncia a poner en marcha un nuevo factor de sostenibilidad, diferente al que impuso Mariano Rajoy con la reforma de 2013 y que no suponga reducir la pensión inicial exclusivamente en función de la esperanza de vida. Ese mecanismo, cuya aplicación se ha retrasado hasta 2023 -tal y como lo pactaron el PP y el PNV- suponía disminuir la prestación de los nuevos jubilados unos 75 euros de media cada año. «Nosotros no damos por muerto el factor de sostenibilidad, pero no vamos a poner en marcha medidas que supongan reducir las pensiones individuales». Son palabras del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien este viernes se mostró partidario de emplear «fórmulas más flexibles con los diferentes colectivos antes que fórmulas taxativas para todo el mundo». En realidad, estas medidas irían más bien dirigidas a retrasar la edad de jubilación, más que las nóminas de los mayores, o ampliar el periodo de cálculo para la pensión. En cualquier caso, Granado explicó que primero habrá que definir cuál es el coste que supondrá el aumento de la esperanza de vida y, después, se pondrán encima de la mesa una serie de propuestas respecto a los ingresos y los gastos.

Por otro lado, Trabajo tiene claro que sin un incremento de los salarios y sin un aumento de la inmigración no será posible hacer sostenible el sistema de Seguridad Social ante el creciente gasto en pensiones. «Tenemos que recuperar los salarios como forma de recuperar las pensiones», dijo Granado.

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