El IPC cierra el año en el 1,2% por el abaratamiento de los combustibles
Pensionistas, funcionarios y trabajadores con convenios actualizados ganaron poder adquisitivo.
lucía palacios | madrid
Los precios experimentaron un fuerte retroceso en la recta final del año. Así, en los dos últimos meses, el Indice de Precios de Consumo (IPC) se redujo más de un punto hasta lograr cerrar el año con una tasa del 1,2%, muy inferior a las previsiones que se manejaban y lejos del entorno del 2% que mantuvo durante la mayor parte del año, según el dato confirmado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Ine).
Así, los precios son hoy de media un 1,2% superiores a hace un año, aunque por ejemplo las patatas se situaron en la zona alta de la tabla y dispararon su precio un 11%, mientras que el aceite se colocó al otro extremo al abaratarse un 12%. La razón de la fuerte caída que experimentó la inflación en el mes de diciembre (cuatro décimas menos que en noviembre y cinco menos en tasa interanual) está en la moderación de los precios de los productos energéticos, que redujeron más de cuatro puntos su ritmo de crecimiento interanual hasta el 2,1%, principalmente por el abaratamiento de los carburantes (tanto gasoil como gasolina) y lubricantes.
Se trata de la vigésima octava tasa positiva que encadena la inflación interanual, que termina una décima por encima de lo que cerró 2017 pero, a diferencia de un año atrás, la mayor parte de ciudadanos no han perdido poder adquisitivo, sino que lo han ganado. Así ha sido para los más de 9,6 millones de pensionistas, que durante el pasado año ganaron poder de compra al revalorizarse sus prestaciones con carácter general un 1,6% (un 3% para las rentas más bajas), lo que supone al menos cuatro décimas más que el IPC; esto dista de la mínima subida que tuvieron en 2017 del 0,25%, frente a un IPC del 1,1%. Pero es que además el Gobierno aprobó a finales de diciembre una nueva actualización de las pensiones de acuerdo al IPC real, y para ello tomó como referencia la media internanual de la inflación desde diciembre de 2017 hasta noviembre pasado. Al situarse ésta en el 1,7%, el próximo febrero les abonará una paga extra con la décima de desviación, lo que supondrá un coste para el Estado de 244 millones, algo que podría haberse ahorrado si hubiera tomado como referencia la de diciembre, como había barajado previamente.
Pero además los más de 2,5 millones de funcionarios también ganarán poder adquisitivo después de que el año pasado sus remuneraciones crecieran un 1,75%, un alza que este año se eleva hasta el 2,25% (ampliable hasta el 2,75% si se cumplen ciertos requisitos). Incluso con carácter general la subida de los sueldos en los nuevos convenios colectivos están pactadas con los sindicatos en el 1,95% de media, lo que supone un aumento del poder de compra de más de siete décimas.